Trabajo para protección de mujeres es ignorado por el gob de AMLO 

El subsidio federal es utilizado por los refugios para el pago de personal (psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, nutriólogas, educadoras, médicas, guardias de seguridad, talleristas, personal de limpieza y otras profesionistas); medicamentos básicos y atenciones médicas especializadas; alimentación nutritiva; material didáctico para distintos niveles educativos; restauración de hogares; gasolina para los traslados de las usuarias y otros gastos de primera necesidad.

Para acceder a estos recursos, las encargadas de los refugios presentan proyectos de trabajo al Gobierno Federal para que éste lo evalúe, apruebe y, en su caso, firme los convenios de colaboración con los refugios, de acuerdo con los lineamientos de operación publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El tiempo de evaluación de estos proyectos, así como su monto y fecha de entrega de los recursos, dependen de la voluntad política de la dependencia.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia de género existen en México desde 1999 gracias a la iniciativa de los grupos de la sociedad civil; a partir de entonces han enfrentado diversos obstáculos para su financiamiento. Anteriormente operaban con dinero que obtenían de donativos y colectas, sus servicios eran muy limitados porque tenían un modelo de atención especializado.

Fue en 2003 cuando se organizó la Red Nacional de Refugios (RNR) y logró que la violencia contra las mujeres fuera reconocida como un problema de salud pública, que la Cámara de Diputados asignara, por primera vez, un subsidio a la Secretaría de Salud (SS) para un total de 16 refugios; además, se crearon algunos refugios dependientes del gobierno.

Pero desde hace tres décadas, las directoras de los refugios civiles deben estar pendientes para evitar que la administración federal en turno desaparezca este subsidio y luchar para que lo aumente, por lo que, año con año y sexenio tras sexenio, deben sostener “regateos” con la Cámara de Diputados y los gobiernos Federal y estatales.

Con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconocen que el presupuesto para los refugios se ha mantenido debido a la presión de las organizaciones civiles; pero afirman que se han hecho cambios administrativos importantes que afectan su operación.

Entre éstos citan, por ejemplo, que en 2019, el Presidente ordenó cancelar las transferencias de recursos a las organizaciones de la sociedad civil; y la SS suspendió la convocatoria correspondiente para asignar 346 mdp a los refugios, pese a que estaban aprobados en el PEF 2019.

Esta medida pudo suspenderse gracias a la denuncia de la RNR y otras organizaciones civiles, que además consiguieron que, en 2020, los refugios fueran reconocidos por primera vez en el PEF, específicamente como Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos con un monto anual de 405 millones tres mil 761 pesos.

En 2020, el Gobierno Federal eliminó el programa de refugios de la SS y lo pasó a manos del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), de la Secretaría de Bienestar, con el argumento de que se daría mayor “rectoría de Estado”. Aunque implicó una nueva coordinación, las organizaciones civiles se acoplaron a las nuevas reglas para seguir funcionando y, en 2021, consiguieron que el dinero se les entregara desde marzo.

Pese a estos avances, sin previo aviso a las organizaciones y ya con los lineamientos de operación publicados, en enero de este año, el Presidente dio un nuevo viraje: ordenó la desaparición del Indesol y que la Conavim asumiera la coordinación del programa de refugios.

El impacto de esta medida provocó el retraso en la entrega de los recursos federales para 2022. Esto implicó, advirtió la directora de la RNR, Wendy Figueroa Morales, que el personal de los refugios se quedara sin el pago correspondiente en esos meses, debido a que las encargadas de los refugios no pudieron buscar otras fuentes de financiamiento.

“Esta transferencia del programa de una dependencia a otra, con la búsqueda de que estén todos los programas de atención a la violencia en una sola secretaría afectó a las mujeres sobrevivientes de violencia, sus hijas e hijos, y las profesionistas”, aseveró la defensora.

En todos estos meses, ningún refugio ni centro de atención externa cerró, como ha presumido la Conavim en diversos actos públicos y ante los cuestionamientos de diversas senadoras en el Congreso de la Unión. La continuidad de sus servicios, sin embargo, no se debió al gobierno sino a las estrategias que generaron quienes dirigen y atienden los refugios.

En el caso del refugio EMVLV, se reutilizaron cuadernos, se abastecieron con víveres de bancos de alimentos; el personal dobló jornadas y, durante algunas semanas, trabajó sin un sueldo completo mediante el compromiso de que se les pagaría en retroactivo. De acuerdo con Figueroa Morales, algunos refugios pidieron préstamos y se endeudaron con proveedores.

Un refugio en Yucatán recibió el apoyo del gobierno del estado mediante la cobertura del pago de salarios al personal hasta que en junio se recibieron los recursos federales.