Revictimización e impunidad en casos de feminicidio en Edomex: Amnistía Internacional

A pesar de que en México la violencia hacia las mujeres impera, en el Estado de México se registran las mayores omisiones en las investigaciones por feminicidio, por parte de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM), al tiempo que persiste la violación de derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias de las víctimas de asesinato y desaparición, señaló Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en entrevista con Canal 6TV.

En el reciente informe publicado por Amnistía Internacional ´Juicio a la Justicia´ se indica que el Estado de México no solo es una de las entidades más grandes y urbanizadas del país, sino que tiene la menor calidad comunitaria, es la segunda con mayor percepción de inseguridad pública y tiene el índice de impunidad más alto; además de sumar 403 casos de muertes violentas de mujeres en 2020.

La investigación cito cuatro de los casos más representativos del estado: el de Nadia Muciño hallada muerta en 2004, en Cuautitlán Izcalli, tras supuestamente haberse suicidado, lo que fue desmentido por sus propios hijos; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en Tlalnepantla desde el 2015 y quien aún no ha sido localizada; Diana Velázquez, quien desapareció en 2017 en Chimalhuacán y cuyo cuerpo fue encontrado por familiares en el Semefo de Nezahualcóyotl; y Julia Sosa, quien desapareció en 2018 en Ozumba y fue encontrada por sus hijas sepultada en el rancho que cuidaba la pareja de su madre.

Casos que tienen por común grandes deficiencias en la investigación de la FGJEM, pues no se resguardaron bien las evidencias, el personal no contaba con el equipo necesario, no se agotaron todas las líneas de investigación y no se aplicó la perspectiva de género adecuadamente. A lo que se agrega la violación al derecho que tienen los familiares de las víctimas al acceso a la verdad y justicia, así como una reparación integral del daño.

Edith Olivares destacó que las deficiencias de las autoridades han llegado a tal grado que las familias de las mujeres asesinadas o desaparecidas se han visto obligados a llevar a cabo las investigaciones por su cuenta, e incluso hay personas que han tenido que dejar sus trabajos o desplazarse a otros lugares para continuar la búsqueda o por amenazas.

Por lo que Amnistía Internacional lanzó la campaña ´Hasta ser escuchadas´, a través de la cual lanzaron una petición en la que exigen a la FGJEM resuelva los casos, atienda adecuadamente a los familiares y dote de recursos a su personal. Finalmente, la directora ejecutiva de la organización mencionó que en promedio un agente del Ministerio Público atiende hasta 8 mil carpetas de investigación, lo que repercute en que las indagatorias concluyan exitosamente; asimismo, resaltó que en México 98 de cada 100 delitos quedan impunes, y los feminicidios no son la excepción.