Gente sin casa y casas sin gente
Por: Homero Aguirre Enríquez
Según el INEGI, en México hacen falta 8.2 millones de casas para satisfacer la demanda, tanto la acumulada durante décadas de no contarse con políticas encaminadas a dotar de vivienda digna a los mexicanos que a duras penas ganan para sobrevivir, como la generada por el crecimiento poblacional de nuestro país y los movimientos migratorios derivados de la transformación de México en un país en el que más del 80% de la población vive en zonas urbanas. Para resolver el problema a corto plazo, se calcula que se tendría que construir 800 mil casas al año, una meta que hoy es más inalcanzable que nunca, pues todo se deja a las fuerzas del mercado mientras la acción del gobierno se reduce a prometer y prometer incansable y cínicamente. Al igual que en muchas otras áreas, la 4T no tiene la menor intención de acabar con este problema que afecta la médula del desarrollo de millones de personas.
Esa carencia de vivienda es un síntoma claro de lo mal que se reparte la riqueza, pues con los míseros salarios actuales resulta imposible adquirir vivienda en el mercado inmobiliario, y de lo inmensamente improvisados, demagógicos y corruptos que han resultado los planes gubernamentales para darles casa a los mexicanos. Con la llegada de López Obrador, la construcción de vivienda con apoyo de recursos federales se ha desplomado aún más, al igual que los exiguos apoyos que daban para mejoramiento de vivienda, lo que incluía la posibilidad de construir siquiera una habitación, una cocina o un baño medianamente dignos. Hoy, esos programas están casi extintos, absorbidos por la política clientelar de entregar pequeñas cantidades de recursos en efectivo promovida fanáticamente por el lopezobradorismo para aferrarse al poder.
Y como contraparte de esa carencia dolorosa de un lugar donde habitar con dignidad y comodidad, que padecen millones de niños y adultos, los datos oficiales del INEGI reportan que, del total de 43.9 millones de viviendas particulares que hay en todo México, ¡6.1 millones se encuentran deshabitadas! Aclaro que ese número no se refieren a las viviendas de descanso, que se usan esporádicamente por las clases sociales que se permiten el lujo de tener varias casas, algunas de las cuales son utilizadas unos cuantos días al año; esas casas se contabilizan aparte, ¡y suman un total de 2.5 millones!, según el INEGI.
Así que por un lado tenemos millones de casas sin gente y por otro lado millones de personas sin casa. He ahí la desigualdad presentada de carne y hueso, y también de cemento, arena, varilla y mármol. Cuando los que estudian la desigualdad afirman que en el mundo existe la posibilidad de encontrar un equilibrio entre los recursos de todo tipo y las necesidades humanas, siempre y cuando haya un reparto más justo de la riqueza, se refieren precisamente a casos como éste.
Parte del problema se puede resolver facilitando la adquisición de casas abandonadas a quienes carecen de vivienda. Y uno de los mayores problemas de abandono de casas es el que se presenta en las unidades habitacionales construidas por el INFONAVIT, en donde se calcula que existen cerca de un millón de casas abandonadas. Las razones del abandono son diversas, pero destacan: la imposibilidad de pagar los elevados créditos una vez que los beneficiarios han perdido el empleo que tenían, la lejanía de las casas respecto a los lugares de trabajo de los derechohabientes, la brutal inseguridad detonada en las unidades habitacionales y el control casi total de algunas de ellas por grupos delincuenciales que las han tomado como bases de operaciones, la mala calidad de las construcciones (generada por la corrupción entre autoridades y empresarios), la carencia de servicios y transporte eficaz, entre otras. Y al mismo tiempo, la presión social generada por a falta de vivienda ha surgido en forma de reclamos, tanto de los propios beneficiarios que desean conservar su casa siempre y cuando les den mejores condiciones de pago, como de millones de personas que ven como junto a sus casas de cartón o madera se encuentran viviendas abandonadas y en continuo deterioro a las que no pueden acceder, aunque estén dispuestas a pagarlas si se les da un crédito acorde a sus limitados ingresos. Hasta ahora, la respuesta de los funcionarios del actual gobierno siempre ha sido negativa, casi diciendo que prefieren que esas casas terminen de caerse, deterioradas por el abandono.
Ante esa cerrazón, tiene muchos años que algunas de esas familias han decidido ocupar precariamente las viviendas abandonadas y ahora piden que se legalice su posesión mediante un contrato de compra-venta a crédito blando, pero se los impide una espesa burocracia que quiere saber nada más que lo que dicen sus reglamentos por ella diseñados y ya superados por la realidad. "La burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos", dijo Honoré de Balzac… y eso que no conoció a los operadores de la gigantea máquinaria burocrática moderna.
En los primeros día de octubre, un numeroso grupo de personas de Sinaloa y Baja California, respaldados por solidarios habitantes de la zona centro del país, acudirán a las oficinas centrales del INFONAVIT e intentarán entrevistarse con el director general, Carlos Martínez Velázquez. Han decidido acudir directamente a sus oficinas porque en las respectivas delegaciones de la dependencia no hay ningún avance y todo se reduce a echarle la culpa a “las oficinas centrales”. Le expondrán sus peticiones, que se resumen en solicitar que se asignen, mediante convenios con el Gobierno del Estado o el Ayuntamiento, alrededor de 2,000 viviendas en 25 fraccionamientos a familias que las están habitando precariamente, que las rescataron del abandono y las rehabilitaron, para que puedan adquirirlas en un programa de interés social, con las facilidades necesarias. Que en las casas que INFONAVIT está entregando a las autoridades locales, se dé prioridad al ocupante para que pueda adquirirla y no a los que se dedican a especular comprándolas a precio de remate para luego revenderlas con nuevos créditos del propio INFONAVIT. Que se brinden facilidades a los acreditados que dejaron de pagar por desempleo después de la pandemia y quieren rescatar su crédito; que no les suban el costo de la casa y se elimine el cobro de intereses. De resolverse estas peticiones saldrán beneficiadas miles de familias de las más pobres. ¿Será mucho pedirle a un gobierno que sostuvo que “primero los pobres”?