Aprueba bancada morenista en Senado reforma sobre ley de GN y seguridad

El pleno del Senado de México aprobó por mayoría la tarde del lunes una reforma sobre la ley de la Guardia Nacional y temas de seguridad, que abroga la ley vigente publicada en mayo de 2019, en una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados.

"Con 75 votos a favor y 32 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crea la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad", informó la cámara alta en su cuenta de la red social X.

La nueva legislación tiene como principal objetivo "regular los principios, organización, atribuciones, integración, equivalencias jerárquicas".

Asimismo, determina su coordinación con autoridades de los estados de la federación mexicana y municipios.

La legislación autoriza a la Guardia Nacional (GN) a "contar con personal del Ejército, Fuerza Aérea y confianza de carácter civil que sea necesario".

Su objeto es realizar la función de seguridad pública federal "con la finalidad de preservar la paz social y proteger los derechos de la población, así como preservar las libertades".

Entre sus atribuciones para prevenir establece las labores de investigación autorizadas.

La GN deberá "realizar investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, y efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas", en apego al respeto de los derechos humanos.

El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) expresó el viernes pasado su preocupación cuando la ley recibió la primera aprobación en la Cámara de Diputados.

"Además de consolidar su indebida naturaleza militar, la nueva Ley de Guardia Nacional otorgaría a sus integrantes facultades amplias de investigación e inteligencia, sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos", advirtió el organismo de la ONU.

Acnudh también expresó preocupación por las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia.
"Otras disposiciones, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad (previsto por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos) y otros Derechos Humanos", advirtió la instancia de la ONU.

Otros organismos defensores de derechos humanos han expresado que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, sujeta a controles democráticos.