Servidores públicos deben apegarse a la ley electoral: TEPJF

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, señaló que cualquier servidor público, incluido el Presidente de la República, debe apegar sus pronunciamientos a los márgenes que establece la ley durante el proceso electoral, o de lo contrario habrá sanciones.

En un encuentro con mujeres periodistas, la magistrada presidenta reiteró que el TEPJF no está en campaña ni buscando una candidatura, así que los magistrados calificarán las elecciones, entre ellas la presidencial, con autonomía y respaldados por la experiencia.

“Ninguno (de los magistrados) acabamos de llegar y tenemos todo un cúmulo de sentencias en donde se atestigua que nuestro quehacer es siempre con apego a la ley, a la Constitución”, declaró la titular del TEPJF.

Al ser cuestionada sobre los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio del proceso electoral, sostuvo que los servidores públicos deben apegar sus expresiones a lo que está en la ley.

Ante los señalamientos por la negativa de tres magistraturas, incluida ella, de aceptar la creación de un cuadernillo de antecedentes de intromisiones indebidas del presidente, gobernadores y gobernadoras en la contienda presidencial para que fuera vinculante con la validez de los resultados como proponía la magistrada Janine Otálora, Soto afirmó que el catálogo genérico también será tomado en cuenta.

En este sentido, la magistrada presidenta calificó el cuadernillo propuesto por Janine Otálora como “un expediente dentro del expediente” y el catálogo aprobado por mayoría fue mucho más amplio sin acotarse sólo a la elección presidencial.

Respecto a la calificación de la elección presidencial, recordó que se necesitan seis magistraturas para este acto, por lo que, de persistir la falta de nombramientos en el Senado, tendrían que llamar a otra magistratura para completar el quórum.

Mónica Soto, también fue insistente en que las magistraturas de la Sala Superior actúan apegados a la Constitución y a las leyes electorales, sin que se les diga cómo votar y sin que les tiemble la mano porque su cargo no se lo deben a nadie.