AMLO y el poder ejecutivo
Como muchos estamos enterados, después de la multitudinaria manifestación en la capital mexicana y de las nada despreciables manifestaciones en cerca de cincuenta ciudades, en contra de la reforma electoral que el presidente Andrés López Obrador está empeñado en hacer, uno esperaría que manifestaciones de esa envergadura sirvieran como un llamado para que el presidente reflexionara y tomara en cuenta la opinión ciudadana. Lejos de eso, el señor, en quien descansa el poder Ejecutivo, las tomó como una ofensa personal y, en consecuencia, se lanzó en contra de los manifestantes dejándoles caer encima una serie de calificativos, de esos que acostumbra utilizar en contra de todos aquellos que disienten de sus políticas o a quienes -particulares u organizaciones- él ya juzgó y condenó como delincuentes y, por tanto, como enemigos públicos.
Pero eso no fue todo. El señor presidente anunció que el próximo domingo 27 él mismo encabezaría una marcha, mucho más numerosa, en la CDMX en defensa de su iniciativa de reforma electoral. Es muy probable que así sea, si tomamos en cuenta que para ello utilizará recursos públicos y llevará a las personas que tiene amarradas gracias a los programas que les dan dinero -dizque para sacarlos de la pobreza-, además de gobernadores, alcaldes, empleados y funcionarios públicos, todos ellos de su partido, Morena, porque además de quedar bien con el presidente, no vaya a ser que les saquen grabaciones o gruesos expedientes de sus triquiñuelas. Así, cualquiera es capaz de reunir multitudes. Pero no debemos irnos con la finta, pues no olvidemos que no pueden compararse entre sí fenómenos desiguales. Para enmascarar eso que es tan obvio, adelantará su informe de labores -que desde que asumió la presidencia lo rendía el 1º de diciembre de cada año- ¡al término de la marcha!
Enfrentarse con un sector importante de la sociedad por una demanda razonable, ¿es la actitud correcta del presidente de todos los mexicanos? Por lo menos para una parte bastante representativa, no. Y menos en la difícil situación en que se encuentra actualmente el país prácticamente en todos los rubros: con una economía que no crece, con una inflación que sigue a la alza, con nulas inversiones en infraestuctura, con un poder adquisitivo cada vez menor, con falta de empleos o empleos mal remunerados, con una aterradora violencia que cada día cobra la vida de más hombres, mujeres y niños, con una alza en la inseguridad -personal y de los comercios-, con un sistema de salud que sigue siendo pésimo, con un sistema educativo que coloca al país entre los peores del mundo, con una niñez y juventud que cada vez más recurre a las drogas o al suicidio porque no encuentra otra salida a su miserable vida, etcétera, etcétera. En todos esos males debería estar puesta la preocupación del presidente, pero… él no actúa como tal, sino como Andrés Manuel López Obrador.
Es, por tanto, bastante probable que de perseverar en esa conducta, las manifestaciones ciudadanas espontáneas en reclamo de alguno de esos problemas o de varios a la vez, se sigan multiplicando y sumando cada vez más personas. Ya hemos sido testigos de varias de ellas; por ejemplo, ante los feminicidios, ante la falta de agua, ante el desamparo en que quedan miles de familias por la cancelación de varios programas sociales, y por varios hechos más. La respuesta de casi todos los gobiernos, pero sobre todo los de Morena, cuando la hay, es repetir las sobadas respuestas: “se fue con el novio”, “andaba en malas compañías”, “no hay dinero”, cancelamos tal o cual programa “porque había corrupción”, y más por el mismo estilo. En pocas y claras palabras, se lavan las manos echando sobre las víctimas o sobre gobiernos anteriores la culpa de esos males y carencias.
De ahí la necesidad de, primero, tener claro cuáles son las obligaciones que por ley debe cumplir el poder Ejecutivo, el gobierno; segundo, hacerlo cumplir, pues sobre él recae la voluntad del pueblo; tercero, hacer consciente la necesidad de organizarse y luchar juntos, y no cada quien por su lado en grupos pequeños o medianos, bajo la dirección de una organización que, además de conocer bien las causas de los problemas, esté capacitada y realmente comprometida a resolverlos en unión con la mayoría de la población. De no hacerlo así, y pronto, las consecuencias para el país entero pueden llegar a ser terribles. Recordemos la experiencia de Argentina, de Chile, de Uruguay, entre otros, durante los años sesenta, setenta, ochenta y noventa del siglo pasado.
Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2022.