AMLO comete ecocidio y etnocidio
Canal6Tv
De acuerdo con el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza—entidad encargada de investigar y divulgar las violaciones de los derechos de la naturaleza—, la megaobra, que es la construcción del Tren Maya, proyecto estandarte de la 4T, estaría violentando los derechos de la naturaleza y de las comunidades mayas del sur. Es por ello que, el Tribunal responsabiliza al Estado.
El proyecto de la 4T, el Tren Maya, estaría vulnerando los derechos de la tierra a ser respetada y a continuar con sus ciclos sin intervención humana. De igual manera, el derecho al agua está siendo vulnerado al no ser accesible y estar siendo contaminado con desechos tóxicos. Esto, de acuerdo con los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Dicha obra ha causado gran polémica desde que fue anunciada, a esto se le sumaron posteriores denuncias acerca de la destrucción de la biodiversidad, así como el daño irreparable a patrimonio cultural.
A pesar de las múltiples denuncias recibidas por esta megaobra de parte de organizaciones ambientalistas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho ante la opinión publica que este se trata de “un proyecto de seguridad nacional e interés público”. A partir de estas declaraciones, toda investigación sobre daños o posibles irregularidades quedó ignorado.
Ayer en la mañana estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla. Por la tarde, en Chetumal, evaluamos los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya. Hoy sobrevolamos el trayecto Chetumal-Tulum-Cancún-Mérida y tuvimos dos reuniones para constatar avances en el aeropuerto de Tulum y en… pic.twitter.com/C0vSSQ10AQ
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 7, 2023
Parte del veredicto del Tribunal enlista múltiples afectaciones, tales como: la contaminación de acuíferos, deforestación, extinción masiva de la flora y fauna, así como la destrucción de cenotes, y etc. Además, condena el nulo interés por consultar a comunidades indígenas acerca de este megaproyecto.
Dicho Tribunal solicita al Gobierno mexicano una auditoria en colaboración con las comunidades afectadas. El veredicto sería entregado al presidente, además de a otras instituciones como: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
