Violencia feminicida en San Luis Potosí

Los índices de inseguridad pública en San Luis Potosí siguen al alza y el sector social más afectado es el de las mujeres, quienes son víctimas de asesinatos y desapariciones casi tres veces más que los hombres.

Entre el primero y el 31 de marzo de 2022, según información oficial de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) difundida a través de su cuenta de Twitter, se integraron 64 fichas de búsqueda de personas desaparecidas, 28 de las cuales pertenecían a mujeres, entre las que había menores de 18 años. Los casos de Brenda González Ibarra y Nayeli Alfaro Silva atrajeron mayor atención pública debido a la difusión masiva de las redes sociales.

A pesar de este lamentable escenario, del que existen múltiples denuncias y testimonios visuales de cámaras de seguridad sobre el modus operandi de los perpetradores, el vocero del Sistema de Seguridad Estatal (SSE) de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, negó que la situación fuera alarmante.

Según la información contenida en los documentos oficiales, las mujeres desaparecidas tienen entre dos y 45 años de edad; nueve vivían en la capital de San Luis Potosí; siete en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tres en Matehuala; dos en Villa de Reyes, dos en Villa de Arista, y una en Zaragoza, Villa de Pozos, Aquismón, Cárdenas y Ciudad Valles.

La actualización más reciente del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señaló que la mayor cantidad de víctimas reportadas en los primeros tres meses de 2022 tienen entre 25 y 29 años de edad.

Algunos de los plagios e intentos de secuestro fueron captados por cámaras de seguridad ubicadas en las calles y domicilios. El primero de abril de este año, un par de menores de edad denunciaron un intento frustrado de secuestro en la capital del estado y, pese a que dieron a conocer el video del mismo, el Fiscal del estado, José Luis Ruiz Contreras, negó su autenticidad y que pudiera sustentar la denuncia de secuestro.

El 25 de marzo, una semana antes, una cámara ubicada en el interior de un domicilio captó el instante en que Brenda Magdalena González Ibarra, de 36 años de edad, fue plagiada. El delito se cometió en el Fraccionamiento Álamos y la ficha de búsqueda fue emitida un día después por la FGESLP.

A través de un comunicado de prensa el Secretario General de Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, pidió a la población “no atender a informes alarmantes de los últimos días sobre los casos de personas desaparecidas en San Luis Potosí. A la fecha, el personal de la FGESLP y de otras instancias de Gobierno del Estado atienden en acompañamiento y asesoría legal a las familias que solicitaron el apoyo de las autoridades para la búsqueda y localización de personas”.

Una comerciante del centro histórico de San Luis capital comentó: “Hay un incremento considerable en la inseguridad. Todos los días en las noticias vemos reportes de asesinatos, ejecuciones, homicidios o intentos de secuestro, sobre todo de mujeres, ya que las han interceptado rumbo a sus empleos, escuela, tienda o simplemente por estar en la calle, lo peor es que a algunas las han encontrado en lotes baldíos, maniatadas, con marcas de tortura, mutiladas. Es una burla que las autoridades informen que la percepción de seguridad no creció durante el primer trimestre del año en nuestra ciudad. Salimos a la calle temiendo que vaya a pasar algo y pidiendo que no nos vaya a tocar directamente alguna situación de secuestro o asesinato. Al menos para mí no ha disminuido la inseguridad”.

En el informe del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED), dado a conocer hace pocas semanas con el título Desapariciones en México una impunidad casi absoluta, se evidencia una profunda preocupación por la desaparición generalizada de las personas en México. El documento resalta que la desaparición forzada cuenta con la omisión y la participación en diversos grados de los servidores públicos, toda vez que este delito aumentó desde que la seguridad pública incrementó su militarización.

Cifras oficiales del RNPDNO revelaron que al 26 de noviembre de 2021 había 95 mil 121 personas registradas oficialmente como desaparecidas en México y que poco menos de la mitad, 40 mil, habían desaparecido en los últimos cinco años. Es decir, a un ritmo de ocho mil por año. La FGE de San Luis Potosí informó que en 2021 hubo 322 personas desaparecidas, la mayoría mujeres, y que esta cifra superó con mucho las 198 de 2020, la mayoría en SLP-capital, Matehuala, Tamuín, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles.

Zoé Zuleica y Nayeli Alfaro

México es el segundo país de América Latina con más violencia de género y feminicidios, además de que su gobierno es considerado como uno de los más incompetentes para prevenir y sancionar estos delitos. En su informe del 30 de noviembre de 2021, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que en el estado de San Luis Potosí se habían registrado 21 feminicidios, con una tasa de 1.42 que se ubicaba por arriba de la media nacional de 1.35 por cada 100 mil mujeres.

El reporte reveló que en 20 de los feminicidios la víctima fue una mujer mayor de 18 años de edad y que San Luis capital y Río Verde se hallaban entre los 100 municipios del país con mayor incidencia de feminicidios. El documento informó asimismo que 57 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 47 de homicidio culposo.

Sin embargo para las autoridades judiciales el asesinato de una mujer solo puede ser tipificado como feminicidio cuando reúne varias características indicadas en el artículo 325 del Código Penal Federal: cuando en la víctima hay signos de violencia sexual de cualquier tipo; haya sufrido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; cuando haya antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

Cuando haya existido entre el agresor y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza y cuando existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; cuando la víctima haya sido incomunicada durante un periodo de tiempo anterior a la privación de la vida y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La abogada y activista feminista Karen Quiroga denunció que las procuradurías y las fiscalías estatales estarían recibiendo órdenes para tratar los feminicidios como homicidios dolosos, como una forma de adelgazar las estadísticas. “El gobierno maquilla los datos”, dijo Quiroga en relación con la estadística dada a conocer por las autoridades. “Existe un cerco del Poder Judicial para investigar los feminicidios y temor de desbordamiento de las cifras ¿Pero cuántos casos de mujeres desaparecidas y asesinadas se ocultan realmente en el país? ¿Existe una complicidad por parte de las autoridades y el gobierno ante estos hechos?

En 2021 se cumplieron seis años de la desaparición de Zoé Zuleica Torres, niña de apenas cinco años de edad que el 27 de diciembre de 2015 fue sustraída de una camioneta en Soledad de Graciano Sánchez. Desde ese día su madre, Carolina Gómez, inició una búsqueda incansable y ha viajado a varias ciudades del país y el extranjero para localizarla. Ha cruzado la frontera, pues durante un tiempo se especuló que la pequeña podría hallarse en Estados Unidos.

La niña desapareció al inicio del sexenio del exgobernador Juan Manuel Carreras López, a quien Carolina encaró en múltiples ocasiones, sobre todo los 15 de octubre, fecha en que Zoé Zuleica cumple años. Un 25 de mayo, justo en el Día Internacional del Niño Desaparecido, el gobernador estuvo en el jardín de niños de la colonia 21 de marzo, donde estudiaba Zoé. Ese día, Carolina Gómez reclamó al mandatario mayor apoyo para buscar a su hija y a otros infantes y mujeres desaparecidos.

En esa ocasión, Carreras López escuchó de viva voz las denuncias contra la inoperancia del sistema de búsqueda y del abandono de las averiguaciones previas por cuenta de las autoridades judiciales que no agotan las líneas de investigación para obtener resultados favorables en la localización de las personas desaparecidas. “Al inicio de la búsqueda, pasaron meses en que no tuve ninguna noticia sobre la investigación para dar con el paradero de mi hija. Ahora se han convertido en años. Solo pido que no se olvide el caso de Zóe, pues desde que desapareció no he tenido vida”, declaró la madre afectada.

Según un reporte sobre la trata de personas de 2020, en México, el 65 por ciento de las víctimas eran mujeres y niñas.

Otra madre que exige justicia para su hija es la señora Lorena Silva, quien el pasado jueves 24 de marzo perdió el contacto con su hija Nayeli Alfaro, de 25 años de edad. Desde ese momento empezó su búsqueda. Nayeli fue vista por última vez en la avenida Rivas Guillén, de Soledad de Graciano Sánchez. Familiares y amigos de Nayeli realizaron durante varios días movilizaciones de protesta para exigir que las autoridades aceleraran la investigación y demandaron la detención de Uriel “N”, esposo de la víctima y principal sospechoso, quien desapareció después de declarar falsamente sobre la situación de Nayeli.

El primero de abril fue hallado el cadáver de una mujer en un área despoblada y ubicada entre la cabecera delegacional de Villa de Pozos y la comunidad Laguna de Santa Rita, de San Luis capital. El dos de abril, los padres de Nayeli fueron a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales del Servicio Médico Legal (SML) para ver si se trataba del cuerpo de su hija, pero no pudieron verificarlo. Entonces el personal médico forense dijo que así había recibido los restos y se deslindó de la información que la Unidad de Homicidios y Feminicidios (UHF) de la FGE había brindado a la familia.

La madre de Nayeli dijo que no podría decir si confiaba o no en las pruebas de ADN y que su única certeza era que no estaba conforme con las explicaciones que le dio la FGESLP con los restos que acababa de ver. Sin embargo, una semana después, la fiscalía informó que el ADN de éstos coincidía en el 99. 99 con el ADN de ella, pero ambos anunciaron que los someterían a un segundo peritaje a fin de constatar el oficial.

Después de la realización del segundo peritaje, Lorena Silva y Jesús Alfaro, a través de la página Buscando a Nayeli Alfaro Silva informaron que los restos sí corresponden a los de su hija y anunciaron que lo único que les quedaba por hacer era despedir a su hija como merecía. El pasado 29 de abril realizaron sus servicios funerarios y el día 30 depositaron sus restos en el panteón Jardines Perpetuos.

Con respecto a Ulises “N”, el presunto responsable de la desaparición y muerte de Nayeli, los padres de la joven dijeron en un comunicado difundido en redes sociales que “lo que pase con él de ahora en adelante depende de lo que la Ley dicte y las autoridades determinen. Por nuestra parte, no haremos más que apegarnos al proceso legal y respetarlo, ya que nuestro interés y exigencia es demandar #JusticiaParaNayeli”.

Uriel “N” fue detenido el 14 de abril por la Policía de Investigación (PDI); contaba con una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos vinculados con la desaparición de personas. Andaba prófugo desde que declaró sobre la desaparición de ésta. El fiscal general informó que los delitos por los que se acusa a Uriel “N” podrían ser sustituidos por el de feminicidio. Uriel “N” permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de La Pila hasta que concluyan el plazo de las indagatorias complementarias y se defina su responsabilidad penal.

En los primeros dos meses de este año, mil 154 mujeres fueron asesinadas en México, un promedio de 19 al día. En ese primer bimestre se apreció un incremento en el número de víctimas de extorsión, secuestro, corrupción de menores, trata de personas, lesiones y llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar.

Incapacidad e indiferencia

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP ha propuesto un marco legal para facilitar la búsqueda de desaparecidos por cuenta de sus familiares, para que las historias de desapariciones dejen de repetirse en la entidad y en el país y para “que a nadie más le vuelva a pasar”.

Guadalupe Mendiola Acosta, vicepresidenta de esta asociación civil, dijo que en 2016 ésta se constituyó con más de 270 familias que han sido víctimas de una desaparición. No tiene fines de lucro ni políticos y sus objetivos son brindar acompañamiento jurídico integral para que los familiares de desaparecidos sepan qué camino deben seguir, cómo realizar una acción de búsqueda inmediata y dónde presentar sus denuncias.

El colectivo se ha movilizado también para conseguir un marco jurídico e institucional que amplíe los trabajos de búsqueda de campo. En 2017 le exigió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí un informe oficial de las personas desaparecidas en la entidad y esta exigencia propició que la FGESLP creara la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), a cargo de una fiscal especial que se encarga de judicializar los casos de desaparición.

Ese mismo año se formuló, nacionalmente, la Ley de Desaparición Forzada y por Particulares, donde se establece que debe crearse una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que dependa de la Secretaría de Gobernación. “A partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto y no solo se busca en fosas clandestinas o comunes, se busca en vida, se busca en penales, se busca en hospitales psiquiátricos y mediante acciones inmediatas se han recuperado a muchas personas con vida… ahora ya no se espera a que pasen 72 horas y las acciones se emprenden en el momento.

“Se decía que en San Luis Potosí no había ninguna fosa clandestina. Por supuesto que hay, en todo México, todo. Todo México es una fosa clandestina, entonces si ya están ahí en los lugares donde señalan, te llega información anónima, declaraciones, hay que ir por ellos, hay que ir por todos”, dijo Guadalupe Mendiola.

Reveló que, en 2019, en el ejido Matanzas, ubicado en el municipio Moctezuma, se realizaron varias excavaciones que permitieron el hallazgo de decenas de fosas clandestinas. “Los restos óseos pertenecían a personas desaparecidas entre 2010 y 2014. En esa búsqueda se sumaron los familiares de los desaparecidos. Ellos han aprendido en campo cómo manejar herramientas y materiales para tratar de identificar si un residuo corresponde o no a una persona. Cada tibia, campana o vértebra localizada en el campo se convierte en la esperanza de saber dónde están sus desaparecidos, de poder cerrar el ciclo de búsqueda, aunque no signifique reparar una pérdida”, enfatizó la activista social.

La recuperación de restos óseos es el inicio del trabajo científico, en palabras de Guadalupe, quien además comentó que el área de Servicios Periciales de la FGESLP opera con obsolescencia para identificar restos porque “se ocupan muchos reactivos que son muy caros para poder obtener el ADN de lo que se está levantando; no hay recursos suficientes por parte del gobierno estatal ni federal para apoyar esta causa.

“Es muy fácil que las autoridades te echen la culpa o que te digan ‘andaba con el novio’, ‘de fiesta’. Para ellos es muy fácil, para el colectivo la lucha sigue. Hemos perdido el miedo. No es fácil entrar a una fiscalía y confiar en la autoridad. Esperamos que se vaya concientizando y se genere esa sensibilidad y empatía con las víctimas”, concluyó.