Desde hace más de tres años se ha incrementado el desplazamiento de familias raramuris en la zona serrana de Chihuahua, en particular en las comunidades que pertenecen al municipio de Guadalupe Y Calvo.
El desplazamiento interno por problemas de inseguridad no es algo nuevo para el estado, desde hace más de 10 años se comenzó con el registro de familias que eran obligadas a dejar sus hogares y cambiarse de residencia debido a la lucha interna de los grupos delictivos de la zona.
El año pasado, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la tipificación del delito de desplazamiento forzado interno. Anteriormente se investigaba como consecuencia de un homicidio, amenazas o despojo.
El caso más reciente de desplazamiento se registra en la comunidad de Cinco Llagas, donde permanecen 150 personas en espera de mayor seguridad para continuar su vida o ser trasladados a Baborigame.
Las organizaciones como Consultoría Técnica Comunitaria y Alianza Sierra Madre señalaron que es necesario realizar un plan a mediano y largo plazo, en coordinación con todos los niveles de gobierno, para garantizar el restablecimiento de la paz en Guadalupe y Calvo.
“Es primordial que se realicen acciones sistemáticas de atención a las comunidades indígenas, en los rubros de seguridad pública, salud, educación y abastecimiento de alimentos. Sólo con acciones conjuntas, los gobiernos y la sociedad civil, podremos garantizar que las comunidades indígenas puedan permanecer en sus territorios, en sus comunidades y a salvo”.