México sin diagnóstico para determinar falta de infraestructura educativa

Durante el último sexenio en México, no se realizaron actividades diagnósticas para saber las necesidades estructurales (y, por lo tanto) el presupuesto que se debe asignar a cada colegio acorde a la cantidad de alumnos, lugar geográfico y servicios básicos con los que cuenta cada escuela.

Anteriormente, en nuestro país se realizaban censos como el de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje que fue realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entre 2009 y 2017, este proporcionaba datos sobre los materiales de construcción en las escuelas, así como la disponibilidad de agua a través de tinacos o cisternas.

También entre el 2013-2014, el INEGI junto con la SEP levantó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), donde se obtuvieron datos sobre el número de escuelas sin construcción y de materiales precarios, así como de las escuelas de piso de tierra. Las escuelas con situaciones más vulnerables se concentraron en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, las propias escuelas ubicadas en las comunidades de los diferentes estados, acudían a través de mítines a solicitar presupuesto tanto estatal como federalmente a las cámaras de diputados, donde maestros y alumnos llevaban sus pliegos petitorios para que se les asignara presupuesto a sus escuelas para construir lo que consideraban se necesitaba con más urgencia.

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Ante esto, en 2019 Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república mexicana implementa el programa “La Escuela Es Nuestra”, donde se estableció la creación de un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), formado principalmente por padres de familia, quienes definirían que necesita el centro escolar, para así inscribirlo al programa y recibir el recurso para realizar la obra pactada.

Este programa presentó varias discrepancias, desde no tomar en cuenta a los profesores para definir las obras que se realizarían en las escuelas, como la falta de rendición de cuentas.

Sobre esto, en la Auditoría de Cumplimiento 2022-0-11100-19-280-2023, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se recomendó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementar los mecanismos necesarios para el seguimiento de las acciones realizadas por los CEAP en materia de infraestructura educativa. Además, de sugerir identificar los planteles que utilizaron los recursos para implementar servicios de alimentación y horarios extendidos. La auditoría también destaca la ausencia de evidencia que confirme el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción aplicables en materia de infraestructura física educativa.

A pesar de las diversas observaciones sobre la falta de rendición de cuentas, el programa de LEEN ha tenido un incremento considerable en su presupuesto, pues en su primer año de operaciones (2019) tuvo 2 mil 594 millones de pesos; para 2021, 12 mil 280 mdp y en 2024, 27 mil 52 mdp.

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Por el contrario, la inversión asignada a través del Presupuesto de Egresos de la Federación ha mostrado una leve variación en cuanto a lo asignado en general para la Educación de México, siendo el 2024 el año que más presupuesto se asignó en el gobierno de AMLO con 1 millón 19 mil 449 mdp, pero estando debajo del mayor presupuesto que asignó en 2015 Enrique Peña Nieto, con 1 millón 57 mil 707 mdp.

Igualmente, en una investigación que realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep), señaló que entre los años 2010 y 2021 el gasto público en infraestructura educativa fue cayendo en promedio un 21.6 por ciento, siendo el año 2021 cuando hubo un recorte considerable en el gasto de infraestructura educativa con un 79.1 por ciento menos que en el 2020.

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