Morena y Verde Ecologista en tensiones por polémica de la “Ley Esposa”

Morena y Verde Ecologista en tensiones por polémica de la “Ley Esposa”

La alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) enfrenta un nuevo episodio de tensión rumbo a las elecciones de 2027, a partir de la aprobación de una reforma electoral en San Luis Potosí que obliga a los partidos a postular únicamente a una mujer para la gubernatura. La medida, conocida por críticos como la “Ley Esposa”, fue impulsada por el gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo, militante del PVEM.

La reforma, que modifica la Constitución y la Ley Electoral locales, se aprobó con el argumento de garantizar la alternancia de género, debido a que la entidad nunca ha sido gobernada por una mujer. No obstante, Morena ha cuestionado el alcance de la iniciativa al considerar que podría beneficiar a un grupo político en particular, ya que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador, figura entre las principales aspirantes a la candidatura.

Ante este escenario, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el Gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió que este tipo de reformas podrían ir más allá de la paridad de género y estar relacionadas con otros intereses políticos, lo que, dijo, debe analizarse desde el punto de vista jurídico.

El debate no se limita a San Luis Potosí. Iniciativas similares han sido presentadas en otros estados, como Hidalgo y Michoacán, ambos gobernados por Morena, donde se busca establecer la obligatoriedad de candidaturas femeninas para las próximas elecciones a la gubernatura. Estas propuestas han generado discusión al interior del partido, al considerar que podrían vulnerar la autodeterminación de los institutos políticos, ya regulada por los lineamientos de paridad del Instituto Nacional Electoral.

Además, el planteamiento de reformas de este tipo también se ha extendido a entidades no gobernadas por Morena, como Nuevo León y municipios de Jalisco. La controversia coloca a la Suprema Corte como instancia clave para definir la constitucionalidad de estas medidas y, en el plano político, evidencia el desgaste en la relación entre Morena y el PVEM, cuya alianza enfrenta desafíos a medida que se aproxima el proceso electoral de 2027.