Economía informal gana terreno en Quintana Roo
Chetumal. – A pesar de que Quintana Roo registra altos porcentajes de crecimiento en su economía debido a la industria sin chimeneas, paradójicamente, el trabajador informal va ganado terreno en la entidad, porque al no haber empleos formales y bien remunerados, surge este fenómeno, que al parecer le conviene al sistema económico, menos responsabilidad laboral y más ganancias para los grandes potentados y lo peor es que muchas de esas ganancias generados del turismo van a parar al extranjero.
Recientemente, se reveló que, en el tercer trimestre de 2023, hubo un aumento del trabajo informal en un 16.4 por ciento, situando a la entidad como la segunda con mayor variación, solo detrás de Campeche, que registró un crecimiento del 40.3 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Asimismo, las manos trabajadoras que produjeron esas inmensas riquezas, para ellos, no hubo mejoras en sus ingresos, al contrario, tienen que laborar en la informalidad, sin remuneración segura, sin prestaciones y seguridad que les garantice sus derechos laborales.
Según el informe "Mediciones de la Economía Informal", el valor agregado de esta economía informal en todo el país ascendió a 5 millones 662 mil 934 millones de pesos. En Quintana Roo, el sector informal, que comprende actividades no registradas ante las autoridades fiscales, experimentó un crecimiento del 31 por ciento.
En cuanto a otras formas de informalidad, como el empleo en empresas registradas, el crecimiento a nivel nacional fue del 3.4 por ciento, mientras que en Quintana Roo fue del 1.6 por ciento.
En el documento también se señala que, en el tercer trimestre de 2023, se contabilizaron 16.3 millones de puestos de trabajo remunerados en la economía informal en todo el país, con aumentos notables en varias entidades federativas, incluyendo Quintana Roo.
Por último, estudios de la OCDE sobre la economía informal en México, define que este fenómeno incrementó en los últimos años debido a las reformas fiscales que desincentivan la contratación formal de trabajadores que impide los beneficios laborales, como la seguridad social, y el aumento en la cantidad de trabajadores sin contratos que garanticen sus derechos laborales.