Critican reducción de penas mínimas a extorsionadores en nueva ley

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 456 votos la iniciativa presidencial que busca expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión, con el objetivo de homologar su tipificación en todo el país. La propuesta contempla sanciones de hasta 25 años de prisión para quienes cometan este delito.

A pesar del consenso, el debate legislativo se centró en las penas mínimas establecidas en la ley. Legisladores de la oposición alertaron que la norma podría reducir las sanciones vigentes en varios estados, lo que generaría la liberación de delincuentes actualmente sentenciados por extorsión.

El diputado priista Alejandro Domínguez señaló que estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tienen penalidades superiores a los 16 años que prevé la nueva legislación, mientras que el panista César Damián Retes aseguró que en Baja California la sanción mínima bajaría de siete a seis años, afectando a delincuentes condenados.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Morena Julieta Kristal Vences Valencia destacó que la ley permitirá investigar la extorsión por oficio, protegiendo a las víctimas y unificando la política de persecución penal. Por su parte, la legisladora del PT, Mary Carmen Bernal señaló que la norma dota a la Secretaría de Seguridad Pública de herramientas suficientes para enfrentar este delito de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

La ley establece un tipo penal básico de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA. Además, contempla 34 agravantes que pueden aumentar la pena hasta dos terceras partes, alcanzando un máximo de 25 años de cárcel, incluyendo casos con violencia, participación de menores o afectación económica de alguna entidad federativa.