Cámaras empresariales alertan que reforma a Ley de Amparo podría frenar inversión y empleo

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron que la reforma a la Ley de Amparo, en discusión en el Congreso tras su aprobación en el Senado, podría frenar la inversión, debilitar la competitividad y poner en riesgo la generación de empleo en el país.

Ambas organizaciones señalaron que, aunque la intención es agilizar la justicia, los cambios limitan el alcance del juicio de amparo como instrumento de defensa legal y ponen en duda la seguridad jurídica, considerada pilar del Estado de Derecho.

Entre los puntos más sensibles se encuentra la restricción de las suspensiones provisionales. Canacintra alertó que excluir esta medida en casos como bloqueos de cuentas, telecomunicaciones o concesiones en sectores estratégicos “genera un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión”. Coparmex coincidió al advertir que muchas empresas no podrían operar mientras dura el litigio, lo que llevaría a cierres y pérdida de empleos.

Otra preocupación es la redefinición del interés legítimo, que ahora solo aplicaría si se acredita una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Según Coparmex, esta limitación dejaría sin representación a comunidades, cámaras y organizaciones que buscan frenar normas inconstitucionales antes de que causen daños irreversibles.

Las cámaras también cuestionaron la disposición que permite a autoridades incumplir una sentencia de amparo bajo el argumento de “imposibilidad jurídica o material”. Consideraron que esta medida reduce la eficacia del recurso, pues bastaría alegar falta de presupuesto para desobedecer una resolución judicial.

En materia fiscal, Canacintra y Coparmex denunciaron que las restricciones al amparo contra procedimientos de ejecución y las nuevas reglas para garantizar créditos afectan la liquidez de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Ante este panorama, ambas organizaciones pidieron al Congreso abrir un Parlamento Abierto para revisar la reforma, al advertir que “debilitar el amparo no solo perjudica a las empresas, también a la sociedad en su conjunto”.