Ante las desapariciones de personas, Morena fomenta la pasividad de las fiscalías

El pasado 20 de febrero, un buen número de colectivos de familiares de personas desaparecidas en México enviaron una carta al Comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas y al Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas, quejándose de procesos legislativos que calificaron como “regresivos” en materia de personas desaparecidas en México; en el comunicado, solicitaron, en consecuencia, que se le haga un llamado al Estado mexicano para detenerlos y que contribuya a diseñar un mecanismo en conjunto con las familias de desaparecidos para que los cambios legales correspondan con la realidad e impacten de manera positiva en la tan urgente localización de sus familiares.

Dicha carta se refiere concretamente a la iniciativa de reforma constitucional presentada en abril del año pasado por la diputada federal morenista Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, para agregar tres párrafos al artículo 17 de la Constitución Política, relativos a la protección y búsqueda de personas desaparecidas. La iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el pasado 25 de enero de este año, con lo que no sólo cobró actualidad, sino que aumentaron de manera importante, las posibilidades de que en breve sea aprobada por el pleno de la Legislatura actual.   

Si bien es cierto que la reforma reconoce el derecho de toda persona a ser buscada, el párrafo décimo segundo (uno de los tres que fue agregado), dice: “Toda persona que haya sido reportada como desaparecida o no localizada, independientemente de si existe delito o no relacionado, tiene el derecho a que las autoridades respondan, en el ámbito de sus competencias, a través de los diferentes tipos de búsqueda… Este derecho es autónomo al derecho a una investigación, y debe ser asumido por las diferentes instituciones como una finalidad en sí misma como parte del derecho a la verdad”. 

En este último añadido, precisamente, se fundamenta la inconformidad de los sufridos colectivos que son familiares de personas desaparecidas, pues, como bien dicen, “es un hecho claramente regresivo… en nuestra lucha frente a la inoperancia de las fiscalías”. Si esto llega a aprobarse, el delincuente o los delincuentes, que hayan desaparecido a una persona podrán gozar de años de impunidad, pues imaginemos el camino que habrán de recorrer las víctimas y sus familias para lograr que se abra una investigación para localizarlos y llevarlos ante la justicia. Según esto, pues, una desaparición de persona, no necesariamente implica la comisión de un delito y, por tanto, no exige de una investigación por parte de la autoridad. No obstante, si bien es cierto que las desapariciones voluntarias existen, el hecho de autorizar legalmente que la autoridad reaccione siempre como si se estuviera ante este supuesto y por ley no inicie una investigación sobre la posible comisión de un delito y la existencia de uno o varios delicuentes, no sólo no contribuirá a la extinción de esta lacra social, sino que la incrementará. Habrá todavía más impunidad. 

La organización Human Rights Watch publicó recientemente su “Informe Mundial 2023, México, eventos de 2022” y en uno de sus apartados titulado “Desapariciones”, señala lo siguiente: “Al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor. Casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia. Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han sido enterradas en fosas comunes por funcionarios estatales o locales después de que los servicios forenses las declararan como “no identificadas” o “no reclamadas”. Y hay más evidencias al respecto, entre 2006 y 2020, al menos 50 mil cuerpos pasaron por la custodia de servicios médicos forenses estatales y locales sin ser debidamente identificados, según surge de solicitudes de información realizadas por activistas.

“Es posible -sigue diciendo el Informe- que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas ocultas por policías, militares y grupos delictivos. Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos cuatro mil de esas fosas en el país. Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido. Las familias de las personas desaparecidas han conformado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones, lo cual a menudo incluye excavar en fosas comunes. En abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada”. 

No pasemos por alto la frase “Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido”, pues ahora, con aquello de que el derecho a ser localizado debe ser asumido como una finalidad en sí misma y debe desvincularse del derecho a una investigación, las fiscalías ya no moverán ni un dedo en la localización de los desaparecidos.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, o sea, de acuerdo con datos oficiales del gobierno de México, en 12 estados del país los casos de personas desaparecidas han aumentado en el primer mes y medio de este año en comparación con el mismo periodo del año 2022. Las entidades que registraron mayor incremento fueron: el Estado de México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, seguidos por Baja California Sur, Hidalgo, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca (El Economista, 15 de febrero de 2023), nueve de ellos gobernados por Morena. Tan solo en enero y la primera quincena de febrero de este año, las autoridades reportaron un mil 56 personas desaparecidas.

La realidad no puede ser refutada y menos aún desaparecida. Ante la aterradora realidad de madres, padres, hijos, hermanos y familiares que, muertos en vida, buscan desesperados a sus seres queridos desaparecidos, es una nueva agresión reducir las obligaciones de las autoridades para apoyarlos y acabar con sus calvarios. Un régimen verdaderamente humanista debería, no sólo apoyarlos decidida y efectivamente para que encontraran a sus entrañables ausentes, sino acabar definitivamente con esta prueba inobjetable de que no vivimos en un país pacífico y seguro.

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2023.