Opinión: Dos clases, dos democracias

Hace algunos días el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, declaró a medios occidentales que en su país no habría democracia. Que la democracia había llevado a la nación más desarrollado de África, Libia, a la peor crisis de su historia: “donde se ha reinstaurado la esclavitud”. Traoré retrató a la democracia occidental como “algo que mata e inestabiliza”. No es para África y no copiarán en ningún sentido el modelo que Europa les pretende imponer. No tardó la prensa extranjera en poner el grito en el cielo: “Traoré abandona la democracia”, “Regresan las dictaduras a África”. Sin embargo, y aunque cueste entenderlo, al entrevistar a la población la gran mayoría respaldaba las palabras del presidente. Algunos de ellos simplemente argumentaban confianza en lo que Traoré hacía porque veían los efectos en su vida cotidiana; otros respondían con más agudeza revelando las costuras del sistema político occidental: “¿Acaso Donald Trump puso a consideración de su pueblo la invasión a Irán y el apoyo a Israel para perpetrar el genocidio en Palestina? ¿Ustedes votaron a favor de la guerra y de los miles de millones que de su presupuesto se gastan en ella?” No había manera de responder; una simple pregunta emanada del sentido común demostraba que, dígase lo que se diga, no existe una verdadera democracia en Occidente. O existe, pero no como a nuestra imaginación se presenta.

La palabra democracia es una de las más fetichizadas del lenguaje. Es un símbolo inmaculado cuya crítica no deja nunca ileso al autor. Aparece a nuestros ojos como un concepto sagrado que debemos reverenciar y, sin embargo, en los hechos, no es más que letra muerta. Históricamente la democracia jamás ha representado el poder del pueblo. Es la instauración de la “igualdad” en el derecho, en la ley, pero no el hecho, en las relaciones materiales de vida. En todo casi sirve hacer una distinción conceptual de la democracia: en su sentido «primitivo», es decir, en su origen en la Grecia clásica, “democracia” implicaba un sistema en el que los propios ciudadanos hacían las leyes que después se obligaban a cumplir. Pero el “pueblo (demos)” que tenía el “poder (kratos)” no era la masa de trabajadores; no consideraba a los esclavos que llegaron a ser el 70% de la población, ni a las mujeres. El “pueblo” eran sólo los hombres libres con riquezas demostrables y representaban apenas a un puñado de plutócratas tanto en Grecia como en Roma. De tal modo que la democracia en su acepción original no fue el poder del pueblo, o lo fue sólo si consideramos pueblo a la élite política y económica de Grecia.

Este concepto de democracia no tiene nada que ver con el uso que nosotros le damos. Ahora los “esclavos modernos” podemos votar, y con eso se arguye que hemos alcanzado el cénit del desarrollo político universal. No obstante, el sistema político que impera en Occidente y en todas sus colonias y que pasa por ser una “democracia”, es, en realidad y refiriéndonos sólo a la forma “un gobierno representativo”. Desde el triunfo de la Revolución francesa en 1789 y con la promulgación de la Carta de los derechos del hombre y del ciudadano, modelo de todas las formas de gobierno europeo, se aceptó la implantación del régimen representativo como forma de gobierno; Sieyès, uno de los más conspicuos teóricos del movimiento revolucionario del ochenta y nueve «recalca una y otra vez la enorme diferencia entre democracia, en la que son los propios ciudadanos quienes hacen las leyes, y el sistema representativo de gobierno, en el que confían el ejercicio del poder a representantes electos» (Los principios del gobierno representativo).

El gobierno representativo se caracteriza, esencialmente, por el hecho de otorgarle atribuciones sobre el control del Estado, los impuestos y los derechos civiles, a un conjunto de representantes que, como bien insiste Sieyès, no tienen la obligación de rendir cuentas a sus votantes, evitando así caer en lo que desde entonces y hasta nuestros días es para las democracias modernas el peor de los vicios: “la dictadura de las mayorías”. El gobierno representativo era evidentemente antidemocrático en el sentido lato de la palabra. Elegir a un representante que una vez electo no estuviera obligado por ninguna ley a cumplir sus promesas era a todas luces antidemocrático. La Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia, intentó corregir esta deformación del sistema político aplicando una enmienda “de revocabilidad permanente de los miembros del Consejo”. Marx elogió esta ley por su trascendencia política: «En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante deben “representar” y pisotear al pueblo [ver- und zertreten soll’] en el parlamento, el sufragio universal debería servir al pueblo organizado en comunas, como el sufragio universal sirve a los patronos que buscan obreros y administradores para sus negocios. Y es un hecho bien sabido que lo mismo las compañías que los particulares, cuando se trata de negocios verdaderos, saben habitualmente colocar a cada hombre en el puesto que le corresponde, y, si alguna vez se equivocan, reparan su error con presteza» (La lucha de clases en Francia). Pero Marx era consciente de que una democracia de clase, de nuevo tipo, era imposible que sobreviviera por mucho tiempo. Por eso no dejó de reconocer este hecho de innegable trascendencia histórica como “un asalto al cielo”, una utopía que pretendía reformar la política de clase dejando inconmovible un sistema económico donde las diferencias de clase eran condición necesaria para su existencia.

El gobierno representativo, malnombrado “democracia”, se impuso en las sociedades occidentales como el medio ideal para ejercer un “gobierno del pueblo”. Cada tres o cuatro años los trabajadores tenían la oportunidad de formar parte del “ejercicio de la democracia” y con eso se daba a todo el sistema la apariencia de popular. Las campañas políticas se convirtieron así en un ejercicio de la oligarquía para atraer las simpatías de las grandes masas. Una vez terminada la campaña electoral todo quedaba en el olvido; el obrero volvía a la fábrica, el campesino a la tierra y la trabajadora del hogar a su quehacer cotidiano. Habían cumplido con el deber ciudadano de ejercer su voto y el dictador de turno tenía en sus manos el poder absoluto de hacer y deshacer a su antojo.

El problema no radica en la existencia misma de esta “democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia solamente para los ricos, para la minoría” (El Estado y la revolución) como la llamara Lenin, sino en la asimilación incorrecta que por su forma tuvo entre las clases trabajadoras, incluso entre los autoproclamados reformadores sociales, aquellos que pretendían salvarlas de su miseria. Sólo el marxismo denunció esta “democracia” como una “democracia” de clase, una serie de normas y leyes que el Estado utilizaba para mantener imperturbable el sistema económico. Un sistema político de esta naturaleza, emanado de los intereses de la clase que vivía a costa del trabajo ajeno no podía ser neutral, útil para todo el cuerpo social. Esta pretendida democracia era, en su esencia, una dictadura y debía ser así denunciada. El embeleso de las palabras y el uso de la demagogia han oscurecido por siglos el verdadero sentido del concepto democracia. Por esa razón, cuando Marx enunció la “dictadura del proletariado” como antídoto de la “democracia burguesa”, los enemigos de la clase trabajadora no tardaron en convencer a los propios trabajadores de que eso era anular de una vez y para siempre el poder popular, cuando lo que Marx hacía era únicamente nombrar las cosas por su nombre: dictadura del proletariado es democracia de la clase trabajadora, mientras que “gobierno representativo” o democracia a secas, es, en verdad, la forma en que el Estado burgués ejerce su propia dictadura sobre las otras clases.

Huelga decir que para que los trabajadores conquisten la verdadera democracia, o la democracia proletaria que es el significado único y verdadero de lo que se conoce paradójicamente como “dictadura del proletariado”, es necesario atravesar las horcas caudinas de la democracia burguesa. Es necesario conquistar el poder de la máquina de opresión, el Estado, a través de la lucha electoral, para destruirlo y en su lugar dejar una nueva maquinaria, ésta no de opresión, sino de liberación. No obstante, es imprescindible comprender la radical diferencia entre estas dos democracias para evitar confundir la lucha y sus objetivos. La conquista del poder político por parte de la clase trabajadora es la primera condición de toda revolución y, sin embargo, se dé esta lucha en la palestra electorera o no, la conquista del poder es sólo el preámbulo para la instauración de una democracia proletaria, de las grandes masas; una democracia al servicio de la clase trabajadora.