ONU-DH solicita investigación diligente sobre caso de jóvenes asesinados por militares en Tamaulipas

Derivado del violento suceso ocurrido la madrugada del pasado 26 de febrero, donde cinco personas fueron asesinadas y una más herida gravemente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) externó una solicitud al Gobierno de México para que se realice una investigación que dé respuesta a los posibles atentados contra los derechos humanos.

En el texto presentado la ONU-DH expone que, “toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”, resaltando que nunca las armas de fuego siempre deben ser el último recurso ante una situación emergente.

En este contexto, la versión oficial durante su primer informe declaró que, durante un reconocimiento escucharon disparos y al acercarse un vehículo actuó de forma evasiva, por lo que al acelerar perdió el control y chocaron, el estruendo del evento hizo que los uniformados comenzaran a disparar presuntamente en defensa propia.

Contradiciendo lo anterior, el capitán al mando identificado como Elio N reconoció que el nunca dio la orden de abrir fuego, además de que no se encontró ningún arma de fuego o sustancia enervante en el vehículo que justificara la agresión.  

Por otro lado, ha sido revelada la versión del único sobreviviente, Alejandro Pérez Benítez, relatando que vieron los vehículos militares y se dieron la vuelta, pero unos minutos después fueron chocados por los mismos y comenzaron a disparar sin advertencia alguna.

Agregó que, a dos de sus acompañantes, uno de ellos su hermano, fueron rematados después de haber sido sometidos por los elementos de SEDENA, asimismo, fue obligado a grabar un vídeo donde se le responsabilizaba por hechos delictivos. Al final los militares lo presentaron como delincuente ante la Fiscalía General de la República.

Cabe mencionar que miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo han buscado una audiencia con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sin tener respuesta positiva por parte del mandatario.

Este caso se suma a dos casos previos de presuntas ejecuciones por parte de militares en Tamaulipas, la primera ocurrida en 2020, donde murieron 12 civiles; la segunda donde murió una menor de edad al encontrarse en un fuego cruzado.