Líderes sociales e indígenas de Guatemala confirman que continuarán protestas

Los líderes de las organizaciones indígenas y sociales que mantienen desde hace 10 días un paro cívico nacional en defensa de la democracia en Guatemala afirmaron el martes que continuarán las protestas y responsabilizaron al Gobierno de las consecuencias de la orden de reprimir a los manifestantes.

"No somos un pequeño grupito, somos el pueblo y estamos exigiendo respeto y justicia porque estamos cansados de tantas injusticias (…) Resistamos en esta lucha hasta alcanzar el objetivo", afirmó en declaraciones a la prensa Edgar Tuy, funcionario de la alcaldía indígena de Sololá, departamento de la región suroccidental del país.

Tuy junto a otros de los dirigentes de los pueblos originarios responsabilizó al Gobierno por la prolongación de la crisis política, agravada después de las acciones del Ministerio Público (MP) contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que condenan como un intento de anular la voluntad popular expresada en las urnas en junio y agosto pasados.

Luis Pacheco, presidente de la asociación de las autoridades indígenas de los 48 Cantones del departamento de Totonicapán, reiteró que las manifestaciones son pacíficas, en una lucha de toda Guatemala, que se ha levantado por voluntad propia.

El dirigente indígena rechazó también la decisión del Gobierno, confirmada el martes por el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, de ordenar a la policía el desalojo de los manifestantes de más de un centenar de bloqueos de carreteras de Guatemala en demanda de respeto al orden constitucional.

Pacheco reiteró que las protestas continuarán hasta lograr la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes consideran los operadores del "pacto de corruptos" que afecta a la nación.

El ministro Barrientos informó que los desalojos de los bloqueos de vías públicas comenzarán por la capital, donde en una de esas operaciones en la Zona 7, grupos de motociclistas y la población forzaron a las fuerzas antimotines a abandonar el lugar, lo que evitó un enfrentamiento.

La Corte de Constitucionalidad otorgó el martes un amparo provisional solicitado para garantizar el derecho a la protesta ciudadana presentado por las autoridades indígenas y la organización Acción Ciudadana contra el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos.

"Se ordena a las autoridades denunciadas que, en el presente caso, así como en toda ocasión en las que se anuncie el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública siga las siguientes directrices: a) dicten y ejecuten las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento", sentenció la Corte.

La prensa local informó que las manifestaciones pacíficas prosiguen en todo el país. con el apoyo de ciudadanos y organizaciones que brindan agua, alimentos y otros recursos a los manifestantes.