¡Justicia en Guerrero! Exige Movimiento Antorchista Nacional

El clima de violencia que existe en el país refleja un claro fracaso de la estrategia de seguridad, implementada por el Gobierno Federal, de “abrazos, no balazos”. Hasta noviembre de 2022 se habían registrado 137 mil 600 muertos en el país, más que en cualquier otro sexenio; y en el caso de Guerrero, los asesinatos que ocurren todos los días en varios municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, entre otros, evidencian también que esta política está dando resultados negativos. El suceso más reciente, que por su gravedad y crueldad cimbró a los guerrerenses, es la masacre cometida contra una familia, integrada por Conrado Hernández Domínguez, Mercedes Martínez Martínez y su hijo; la pareja fue asesinada a golpes y el niño de seis años fue asfixiado.

La noche del miércoles 12 de abril, diversos medios de comunicación local dieron a conocer un presunto accidente automovilístico registrado en la carretera federal México-Acapulco, a la altura de Agua de Obispo, en el tramo Chilpancingo-Ocotito; al fondo de un barranco de aproximadamente 60 metros de profundidad localizaron un vehículo negro con cuerpos sin vida en su interior. Al día siguiente, los mismos representantes de los medios informaban las incongruencias del caso, entre ellas, que los tres cuerpos fueron encontrados en el asiento trasero, que el vehículo no presentaba daños graves, que las ambulancias tardaron más de cinco horas en llegar a pesar de que se les notificó casi de inmediato del supuesto accidente, el tardío arribo de las autoridades al lugar del accidente, entre otras; conforme pasaban las horas, aumentaba el rumor de que no se trataba de un percance automovilístico, hecho que se confirmó tras la necropsia realizada a los tres cuerpos, la cual arrojó que la pareja fue asesinada a golpes y el niño fue asfixiado. La noticia cimbró a los guerrerenses.

Las víctimas fueron identificadas como líderes del Movimiento Antorchista de Guerrero: Conrado Hernández Domínguez tenía más de 10 años trabajando en los municipios de la región Centro; su esposa, Mercedes Martínez Martínez tenía un año y medio organizando a gente de La Cañada, en la región de La Montaña, y el hijo de ambos estudiaba en el kínder. La última vez que sus compañeros los vieron con vida, Conrado Hernández Domínguez avisó que acudiría a realizar algunas actividades y preparativos para llevar a su hijo a la escuela.

Los cuerpos de la familia Hernández Martínez yacen en Lindero Xoquixhual, municipio de Chicontepec, Veracruz, de donde era originaria la pareja.

Necropsia descarta accidente

Tras la noticia, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorchista, organización de la que formaban parte, se trasladaron a la capital del estado y en conferencia de prensa, realizada el lunes 17 de abril, denunciaron la masacre contra la familia antorchista y anunciaron acciones para exigir justicia por este abominable crimen, ocurrido el pasado miércoles 12 de abril en la carretera federal México-Acapulco, a la altura del punto conocido como Agua de Obispo, Chilpancingo.

Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente de la organización en Puebla y jefe del regional integrado por los estados de Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala; Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional; el diputado federal Brasil Acosta Peña, dirigente de los antorchistas del Estado de México; Samuel Aguirre Ochoa, dirigente de Veracruz; Dimas Romero, dirigente de Oaxaca; Isaías Chanona, dirigente de Tlaxcala; Soraya Córdova Morán, dirigente de Puebla y José Juan Bautista Hernández, dirigente del antorchismo guerrerense, informaron que Conrado Hernández y su esposa Mercedes Martínez se afiliaron a las filas del Movimiento Antorchista desde hace muchos años y que formaban una pareja pacífica, sencilla, noble, trabajadora, que tenía el ideal de organizar a la gente –colonos, campesinos, estudiantes– para defender su interés social.

Se dijeron consternados porque en Guerrero se permita este tipo de sucesos reprobables; sus compañeros fueron vilmente masacrados; pidieron que caiga todo el peso de la ley sobre los asesinos y exigieron un alto a los crímenes políticos contra líderes de su organización. Celis Aguirre aseguró que la necropsia reveló que “fue una masacre”.

Guerrero, epicentro de protesta nacional

Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional de la organización, coincidió en que “estamos hablando de un crimen brutal que exhibe el grave peligro que corremos todos los mexicanos si no se cambia la manera de conducir a este país y al estado; es un crimen premeditado con algún objetivo que corresponde a las autoridades dilucidar”. Exigió detener a quienes hayan cometido y ordenado el crimen, asimismo, anunció que se denunciará en todo el país el asesinato de la familia y que Guerrero se convertirá en el epicentro de la protesta nacional de Antorcha porque se trata de una agresión a todo el antorchismo y a todos los mexicanos.

Las acciones se iniciaron este lunes con la campaña nacional de denuncia sobre lo que acontece en Guerrero y una solicitud de audiencia con la gobernadora morenista, Evelyn Salgado Pineda; el martes 18 de abril se realizaron ruedas de prensa en todo el país y se masificarán las protestas si no hay acción de las autoridades estatales, “si hay sensibilidad de la gobernadora nos debe recibir porque es un asunto grave, se asesinó a dos luchadores sociales y no hay absolutamente ningún elemento que indique que realizaban actividades fuera de la ley; cometieron un crimen brutal contra una criatura”, agregó.

Guerrero está ensangrentado, está chorreando sangre; no se debe normalizar que a la gente se le asesine, se aviente al fondo de un barranco y se salga con cualquier coartada superficial; llaman a la gobernadora Evelyn Salgado a intervenir decididamente para que las autoridades encargadas de la procuración de justicia hagan la tarea que les corresponde y detengan a los culpables.

Acusar desde el poder a algunos mexicanos se ha convertido en deporte nacional de los funcionarios; linchar a la gente desde el poder crea condiciones para que se les agreda; Antorcha no es la excepción, hace unos días, nuevamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador volvió a lanzar calumnias contra la organización, como siempre, sin ninguna prueba.

En esta dolorosa coyuntura, exigen a las autoridades y al propio presidente de México que no usen el poder para atacar a quienes exigen soluciones, que respeten a los ciudadanos y a las organizaciones sociales, que no están fuera de la ley porque sigue siendo un derecho constitucional organizar a la gente para que mejore su vida; si hay una lucha debe ser ideológica, con argumentos, no con calumnias, mucho menos con agresiones.

Diputado pide intervención de autoridades

El diputado federal Brasil Acosta dijo que la violencia en Guerrero, en Morelos, en Guanajuato y en otras entidades del país refleja el claro fracaso de la política de “abrazos, no balazos” implementada por el Gobierno Federal, por lo que el 18 de abril presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados solicitando la intervención de las autoridades de Guerrero para el esclarecimiento del asesinato de la familia Hernández Martínez; asimismo, se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer en todo el país lo que está aconteciendo en Guerrero y exigir que se detenga cualquier tipo de agresión contra integrantes del Movimiento Antorchista Nacional, porque el derecho de organizar al pueblo está consagrado en la Constitución y no puede impedirse quitándole la vida a la gente.

Reiteraron la solicitud de audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado porque se necesita todo el respaldo del Ejecutivo para que las investigaciones avancen, es la responsable de la vida política de la entidad y una actitud enérgica, incluso de indignación de su parte, ayudará a que la Fiscalía General del Estado (FGE) haga su trabajo como corresponde y encarcele de inmediato a los asesinos.

Guerrero, un gigantesco cementerio

José Juan Bautista Hernández, dirigente del antorchismo estatal, exigió justicia y esclarecer la masacre, adelantando que no permitirá que se manche el honor, el trabajo y la dignidad de sus compañeros; “sabemos que en México todos los días se derrama sangre y Guerrero es un gigantesco cementerio, parece que a las autoridades no les interesa resolver”.

Otra muestra de que la inseguridad se está convirtiendo en un tema estatal y nacional es el hecho que se registró este mismo mes de abril, el día tres, cuando se suscitó un ataque en la playa Caleta de Acapulco, que provocó la muerte de cuatro personas (dos hombres, una mujer y un menor de edad), cuatro personas más fueron internadas tras resultar heridas durante el ataque armado; en Acapulco se registraron 19 asesinatos durante la Semana Santa y 503 asesinatos en el mismo periodo en el país, pese al refuerzo de la seguridad federal, cifra que representa un promedio de 72 víctimas de homicidio doloso, del uno al siete de este mes.

El 17 de abril, un ataque armado cobró la vida de un hombre y dejó heridas a cuatro personas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte de Iguala de la Independencia, en el estacionamiento de la tienda Oxxo.

En Guanajuato, el pasado 14 de abril, al menos siete personas murieron, entre ellas un menor de edad, durante un ataque armado llevado a cabo en el balneario La Palma, en el municipio de Cortázar. Elementos del sistema de seguridad municipal arribaron al lugar, donde encontraron casquillos percutidos, tres mujeres sin vida, tres hombres y un niño de siete años.

Guerrero, gobernado por Morena, está entre los estados que más homicidios reportaron durante el reciente periodo de asueto; el Estado de México (Edomex), con 60; seguido de Guanajuato, con 55; Guerrero y Michoacán, con 33 cada uno; Veracruz, 28; Jalisco y Nuevo León, 27; Zacatecas, 26; Baja California, 25; Morelos, 23; y Chihuahua, 21.

La violencia está fuera de control: Obispo

A la ola de denuncias contra la inseguridad, se unió el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien lamentó que en la capital del estado la violencia esté fuera de control y anunció que, en el mes de junio, los obispos de Guerrero acudirán al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye, entre otros temas, la inseguridad que se vive en el estado.

La realidad es que varias comunidades se encuentran secuestradas por la delincuencia, “lo más fuerte es que nos sentimos en Guerrero colectivamente secuestrados, da tristeza el desplazamiento de familias y pueblos enteros, principalmente de la región Tierra Caliente”. Lamentablemente, los grupos delictivos están tomando el control de muchas regiones.

Guerrero es también uno de los estados más asolados por el crimen organizado, que crece en número e integrantes usando la violencia para subsistir, aprovechándose de las personas y controlando cada aspecto de su vida.

A mediados de abril, al menos en cinco municipios de la región Tierra Caliente–Ciudad Altamirano, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Coyuca de Catalán y Tlapehuala– cerraron negocios y se suspendió el transporte público tras la alerta que circuló en redes sociales sobre posibles ataques de sicarios.

Posteriormente fueron enviados más elementos del Ejército al cuartel de Ciudad Altamirano para reforzar la seguridad en la región, que desde la masacre de 20 personas en el municipio de San Miguel Totolapan, entre ellas el alcalde perredista Conrado Mendoza Almeida, en octubre de 2022, está inmersa en una crisis de violencia.

“Mientras los asesinatos no cesan en el estado suriano, el Presidente de la República continúa utilizando la investidura presidencial para dividir al pueblo, para insultar, calumniar o atacar a organizaciones sociales y a todos los que denuncian la demagogia de su gobierno, sin presentar prueba alguna, sacando de la manga las acusaciones y cifras falsas. Aunque estos ataques abonan a la violencia, el mandatario nacional seguirá calumniando a las organizaciones por su desmedida ambición de mantener en el poder a su partido, Morena, que sigue llenando de sangre al país y enlutando a miles de familias mexicanas, afirmando que su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” –a todas luces fallida–, está dando buenos resultados”, agregó Aguirre Enríquez.

Así, con altos índices de pobreza y pobreza extrema, desempleo, falta de servicios básicos, desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras; entre balas y a merced de la delincuencia debido a la desidia gubernamental, sobreviven miles de guerrerenses... la libertad y la paz están solo en el discurso de los gobernantes.