Interponen denuncia penal contra red de tortillerías ´Pirata´

Por: Yaneli García

Interponen denuncia penal contra red de tortillerías ´Pirata´

La pandemia de covid-19 provocó que el costo de los insumos necesarios para producir la tortilla, tales como el maíz, la harina y el gas LP incrementaran, lo que irremediablemente derivó en el aumento de la tortilla; sin embargo, valiéndose de la necesidad de la población, en municipios como Valle de Chalco se abrieron tortillerías, financiadas aparentemente de manera ilegal por organizaciones políticas afines a Morena, que ofrecen el kilo del alimento hasta en nueve pesos y dan un producto que despierta desconfianza y no refleja el costo de producción.

Por ello, en entrevista con Canal 6TV, Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana informó que, en colaboración con personal jurídico de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se interpuso una denuncia penal contra los responsables del surgimiento de la red de tortillas ´pirata´, quienes aseguraron contar con el apoyo de los morenistas Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal de Nezahualcóyotl, y el senador Higinio Martínez, e incluso colocaron sellos de la Secretaría de Bienestar y de Segalmex afuera de sus negocios.

Destacó que, debido a que el maíz cotiza en la bolsa internacional de valores, el costo por tonelada pasó de 4 mil 500 pesos antes de la pandemia a 7 mil 600 actualmente, aunque en la Zona Metropolitana del Valle de México llegó a costar hasta 8 mil 400 y en algunas partes del país ronda los 8 mil pesos, por lo que en concordancia con costo de producción, la Procuraduría Federal del Consumidor ha fijado un precio promedio por kilo de tortilla de 17 pesos.

Jarquín Muñoz enfatizó que aunque los productores deseen dar un precio menor, los costos de producción no lo permiten, por lo que alertó que la practica realizada por las ´tortillerías del Bienestar´, no solo provoca una competencia desleal para las otras tortillerías, sino que se está poniendo en riesgo la salud de los consumidores y constituye un delito.

Finalmente, refirió que se puso en contacto con representantes de las secretarías de Bienestar y Economía, así como con de Segalmex y le negaron su autorización y financiación en dichas tortillerías. Asimismo, señaló que continúan las mesas de trabajo con autoridades federales para establecer precios justos para el alimento clave en la alimentación de los mexicanos.