El compadre Quintanilla, el favorito de la 4T para Dos Bocas

Tanto el reportaje de Reforma como la denuncia de senadores del PAN hacen referencia a una nota informativa publicada en la Crónica de Xalapa, en la que se habla del compadrazgo de Nahle con el empresario. La noticia está firmada por Ignacio Carvajal, fechada el 15 de enero de 2018, en Coatzacoalcos y encabezada así: De compadre de Nahle, terreno donde se enviará la basura. Es decir, informa que Arturo Quintanilla es el dueño de un terreno que será arrendado por el ayuntamiento como depósito de basura en el puerto.

En el apartado Sí es mi compadre se indica que, interrogada por el reportero, la entonces diputada Rocío Nahle, virtual candidata del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Senado de la República, reconoció su compadrazgo con Quintanilla: “(…) «Primero, desconozco si la basura se va a tirar en otro lado. Segundo, no sé de qué terreno me habla y si es de Arturo, y efectivamente él es mi compadre. Pero No tengo ninguna injerencia en el asunto» (…)”.

El 17 de mayo de 2019, poco antes del inicio de las obras de la refinería Dos Bocas, el Consejo de Administración de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), aprobó la creación de la compañía filial PTI Infraestructura de Desarrollo para que se hiciera cargo de la parte ejecutiva de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que inicialmente se capitalizó con recursos financieros de otra filial llamada Pemex Transformación Industrial (PTI).

Entrevistado por buzos, Diego Díaz, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), aclaró que las obras de la refinería se han desarrollado con mucha opacidad; pero que debido a la naturaleza jurídica de PTI Infraestructura de Desarrollo, que opera como una empresa privada, no tiene la obligación de transparentar sus manejos como la tienen otras subsidiarias de Pemex. Además, explicó que se formó una cadena de empresas y dependencias gubernamentales que le envían recursos públicos, cuya conducción es de difícil supervisión externa.

Derivado de lo anterior –apuntó Díaz– es insuficiente la información sobre el proyecto de Dos Bocas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en la Cuenta Pública del gobierno; y de hecho no aparece en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre proyectos y programas a ejecutar.

Por ello, enfatizó, también es muy difícil acceder a los “entregables”, es decir, los estudios y otros documentos básicos como contratos, plazos de entrega, costos, etcétera, que deberían ser públicos, pero que Pemex reservó como confidenciales.

El investigador especializado del IMCO destacó que a pesar de la inauguración preliminar de Dos Bocas “no queda claro cuándo va a empezar a operar al 100 por ciento de su capacidad; y mucho menos aspectos relacionados con los contratos, los cuales no son de fácil acceso; tampoco se hicieron procesos competitivos para esas contrataciones (concursos con reglas para elegir una empresa a contratar) que por ley se deberían haber hecho”.

Todo esto –insistió Díaz– “genera este ambiente de opacidad, es una condición que se presta a la corrupción, aunque nosotros no sabemos en este momento realmente si es que hubo corrupción o no en el proyecto, qué tanto y en qué magnitud pudo haber sido”.

Diego Díaz aseveró que los recursos para construir la refinería provienen directamente del dinero público federal y no de Pemex, como empresa productiva del Estado, por lo que se creó una cadena entre dependencias para enviar el dinero destinado a ejecutar el proyecto.

“No solamente se crea esa filial de Pemex (PTI Infraestructura de Desarrollo) sino que a la hora de transferir los recursos públicos a la filial para la construcción, hay una serie de pasos o serie de transferencias entre dependencias de la Administración Pública, que hacen todavía más difícil darle seguimiento a los recursos”.

Detalló que esos recursos salen del PEF, se entregan a la Sener, ésta los manda en forma de “aportaciones patrimoniales” a Pemex Transformación Industrial; y después llegan a PTI Infraestructura de Desarrollo, la ejecutora del proyecto.

Díaz reveló a buzos que, en general, el proyecto de la refinería fue planeado de manera inadecuada, porque la manifestación de impacto ambiental fue realizada de manera extemporánea y carece de un análisis costo-beneficio, pese a que, por ley, toda obra pública con un costo superior a los 500 mdp debe tener uno superior en cuanto a ganancias económicas y beneficios sociales.

En el caso de la refinería de Dos Bocas se desconoce el monto real de sus costos y cuáles serán los beneficios financieros y sociales.