Acusan de delitos a alcaldes en el estado de Querétaro

Dos alcaldes del Estado de Querétaro son acusados de delitos, uno ya tiene orden de aprehensión. El presunto acto de despojo operado por el alcalde de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Jiménez, su esposa Aracely Olvera y su hermano Miguel Bárcenas Jiménez; según la denuncia del empresario queretano, Ricardo Presa Ampudia contra la empresa Gybo Soluciones Tecnológicas de Capital Variable, es por el delito de despojo de al menos 5 mil metros cuadrados en el rancho El Escorpión, ubicado en el poblado de San Clemente.

De acuerdo con la declaración de Presa Ampudia a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, presentando escritura pública, es propietario del rancho El Escorpión, con una extensión de 334 hectáreas que utiliza para la siembra de hortalizas y otros cultivos, desde 2022 se realizan edificaciones en su propiedad, entre ellas una construcción de aproximadamente 5 mil metros cuadrados; una antena de comunicación de señal de telefonía celular, un transformador y postes de luz de la CFE.

Por otro lado, de acuerdo con información del Diario de Querétaro del pasado 22 de junio, el alcalde de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de despojo en agravio de su ex esposa Naikary Montes Vega. “Se ordena la aprehensión de Miguel Martínez Peñaloza, como probable responsable en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 199 fracción I del Código Penal en el Estado de Querétaro, cometido en agravio de Naikary Montes Vega”, su exesposa, dice el documento judicial.

Esta acción legal por la que se gira la orden de aprehensión de Martínez Peñaloza, es una disputa por la propiedad de una compañía que formó con la señora Montes en 2013 por lo que ella interpuso denuncias de fraude y despojo, por lo que el juez de la causa determinó el ejercicio de la acción penal en su contra. A pesar de que en el documento el juez de la causa ordena que se entregue copia certificada a la Fiscalía de la Adscripción para que por su conducto lo haga llegar al Director de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado (FGE) con la finalidad de que se cumpla con la detención del presidente municipal, no se ha ejecutado.

La ciudadanía de estos dos municipios está molesta porque consideran que las cosas no pasarán a mayores, ya que los alcaldes tienen poder y gozan de palancas y relaciones con políticos, salvándose de cualquier acusación; mientras el pueblo pobre sufre porque sus autoridades no se preocupan por obras y servicios, los cuales carecen de éstos.