Reforma energética consolidaría “Imperium” de CFE
“El mandato triple que propone el presidente López Obrador le daría a la CFE un imperium diferenciado de la Administración Pública Federal, incluso por encima de la Secretaría de Energía. Es decir, la CFE se mandaría sola, sin contrapesos y sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas”, destacó México Evalúa
De ser aprobado el proyecto de Reforma Energética, presentado el pasado 30 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría contraer un estatus legal superior al de una secretaría de Estado, al otorgársele una “autonomía constitucional como el Banco de México”, por lo que pasaría de ser una empresa productiva del Estado a un Organismo de Estado, denunció México Evalúa.
De acuerdo con el centro de análisis, la dependencia a cargo de Manuel Bartlett, a quien ha defendido a capa y espada el Ejecutivo federal, se convertiría en un ente público con triple mandato, pues estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, al mismo tiempo que sería una empresa preponderante (con un 54% mínimo del mercado de generación y 100% de participación en transmisión, distribución y suministro básico), y a su vez, sería un monopsonio (el único comprador mayorista) de electricidad, lo que incluiría el control del despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico.
De igual forma, asumiría la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas públicas en materia de transición energética y en materia de política industrial, facultades que hoy en día recaen en otras entidades gubernamentales.
“El mandato triple que propone el presidente López Obrador le daría a la CFE un imperium diferenciado de la Administración Pública Federal, incluso por encima de la Secretaría de Energía. Es decir, la CFE se mandaría sola, sin contrapesos y sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas”, destacó México Evalúa.
Asimismo, el análisis indicó que la asignación de facultades exclusivas a la CFE para llevar a cabo la transición energética del país implicaría “la imposibilidad de alcanzar los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero”, y la indemnización por ello a pagar por el Estado mexicano “podría ser equivalente, como mínimo, a un 7% del PIB, lo que alcanzaría los 70 mil millones de dólares”.
Equivalente al 71% de los recursos presupuestados en 2022 para el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 94% del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, y un aumento del 30% en las tarifas eléctricas.