Más de mil pisos ilegales se han construido en la CDMX en los últimos 10 años

En la Ciudad de México la cantidad de pisos construidos ilegalmente es muy elevada. De acuerdo con los registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), encargada de recibir y atender las denuncias ambientales y de desarrollo urbano, entre ellas las de construcciones irregulares, donde se agrupan los casos por pisos excedentes, informó que  de 2013 a 2023, los capitalinos y las empresas construyeron mil 39 pisos que no contaron con los permisos para su construcción o que violaron algún programa parcial de desarrollo de las alcaldías.

En 2013 la PAOT comprobó la ilegalidad de cuatro niveles, al año siguiente fueron 29 pisos, en 2015 fueron 62 y en 2016 registraron 94. A partir del 2017, el número de investigaciones por pisos que excedían la norma se dispararon y fue el año con más pisos ilegales (187). En 2018, la PAOT reportó 84 niveles irregulares y en 2019 tuvo 179. En 2020 reportaron 47 y para 2021 fueron 23, aunque en estos años la PAOT frenó la investigación y recepción de denuncias debido a la contingencia sanitaria por Covid-19. En 2022, se contabilizaron 186 pisos ilegales, fue el segundo año con más casos.

En 2023 comprobó 144 niveles irregulares. De todas las denuncias que recibió ese año, la PAOT tiene un listado de 43 que continúan en proceso de investigación, la mayoría de ellas son por la construcción de entre uno y tres pisos de más.

Cabe señalar que estas investigaciones de la PAOT ante las denuncias por pisos excedentes tienen como consecuencia la demolición de estos, cuando es comprobada su ilegalidad. Las multas para quienes violen la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México pueden ir de los 32 mil 571 a 5 millones 428 mil 500 pesos, cuando la responsable sea una persona física, y de 108 mil 570 a 65 millones 142 mil pesos, si son una empresa.

Muchos de estos casos de construcciones de pisos adicionales de forma ilegal ocurren por falta de vivienda popular, por lo que pensar en sanciones para estos casos sería penalizar doblemente la pobreza, por eso debería considerarse que se implemente una política de apoyo, fondos financieros, asistencia técnica y normativa que asegure a las familias mejores condiciones para alojar nuevos miembros en infraestructuras familiares, ya que uno de los problemas que la ciudad presenta es precisamente la incapacidad del mercado para cubrir las necesidades de vivienda y el sobrecosto del suelo, por esta razón se orilla a las familias a buscar alternativas para construir.