El gobierno de AMLO está matando al campo mexicano

Por Citlali Ramírez

“Nos están condenando a futuro”, advirtió en 2018 el entonces presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega. Cuatro años después, México continúa sin soberanía alimentaria, porque no hay inversión pública ni infraestructura agrícola e hidráulica. Además, también es insuficiente la inversión en ciencia y tecnología agrícola.

Desde ese año, como para no contradecir a De la Vega, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y sus principales colaboradores especializados, se ha dedicado a recortar el gasto público del campo sin considerar su impacto vital en la economía mexicana.

Fue en agosto de ese año cuando AMLO acompañado del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos y del entonces titular de Seguridad Alimentaria (Segalmex), Ignacio Ovalle, anunció la creación del Programa Precios de Garantía (PPG) para “apoyar a los campesinos y pequeños productores, y lograr la autosuficiencia alimentaria” del pueblo mexicano.

“Éste es un programa nuevo, no se aplicaban precios de garantía desde hace mucho tiempo y se acordó apoyar a los productores garantizando precios justos y comprando cosechas de alimentos básicos”, declaró el Presidente quien, en ese momento, no previó que Segalmex sería objeto de actos de corrupción multimillonarios desde enero de 2019.

También desde entonces, especialistas e investigadores en economía, advirtieron que tanto éste como otros programas agropecuarios carecían de la vocación técnica y financiera suficiente para lograr que el campo mexicano recupere la capacidad productiva que requiere para evitar su dependencia alimentaria con respecto al mercado externo.

La doctora en economía Vania Sánchez sostuvo entonces que el PPG no es más “que otro programa de asistencia social para paliar la pobreza de los productores campesinos a los que el modelo económico no les deja otra salida, pero para quienes las cosas no cambiarán en el largo plazo. Y, en cambio, sí se ahondará la diferencia de productividades entre los campesinos y los productores”.

Por ello, y debido también al recorte de más de 42 mil millones de pesos (mdp), en el gasto público del sector agrario entre 2018 y 2022 en los casi cinco años del Gobierno Federal vigente, varias organizaciones campesinas han exigido apoyos y subsidios para cultivar sus tierras.

“Los gobiernos han abandonado al sector agropecuario, a los pequeños y medianos productores, encareciendo la canasta básica y la producción del campo… esta marcha es para exigirle al gobierno estatal y federal apoyos para el campo, y que esclarezcan las reglas de operación para los apoyos”, denunciaron campesinos de Chihuahua en marzo de este año.

Los manifestantes pertenecían a distintas organizaciones agrarias, entre ellas la Unión Campesina Democrática (UCD), El Barzón, Agrodinámica, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD) de Ciudad Victoria, cuyo dirigente, Jorge Luis González, aclaró en el mitin:

“Nosotros hemos pedido al Gobierno del estado (Tamaulipas) un diálogo respetuoso, un diálogo para construir y que realmente se puedan resolver problemáticas que tiene el campo, que ya vamos para cinco años sin programas de subsidio que realmente nos ayuden”.

González informó, en reiteradas ocasiones, que buscó al Secretario de Desarrollo Rural (SDR) del gobierno estatal morenista, Dámaso Anaya Alvarado, para solicitarle apoyos para el campo porque el tiempo de sequía está provocando graves problemas en Tamaulipas; pero el funcionario jamás se dignó atender sus solicitudes.

Además de los recortes presupuestales en lo que va del sexenio de AMLO, según una investigación del periodista Juan Ortiz, han desaparecido 24 programas que beneficiaban al campo. Catorce estaban a cargo de la Sader: 1) Programa de apoyos a la comercialización; 2) Programa de apoyos a pequeños productores; 3) Agromercados Sociales y Sustentables; 4) Otros proyectos de infraestructura gubernamental; 5) Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades; 6) Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas; 7) Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; 8) Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; 9) Sistema Nacional de Investigación Agrícola; 10) Crédito Ganadero a la Palabra; 11) Desarrollo Rural; 12) Fomento de la Ganadería y la normalización de la calidad de los Productos Pecuarios; 13) Mantenimiento de Infraestructura y; 14) Otros Proyectos de Infraestructura Social.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón, eliminó la Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular es Rogelio Ramírez de la O desapareció: 1) Apoyo a unidades de promoción de crédito; 2) Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural; 3) Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; 4) Inversión de Capital de Riesgo; 5) Reducción de Costos de Acceso al Crédito; 6) Garantías Líquidas y; 7) Seguro y “reaseguro” agropecuario.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha suprimido: 1) Fideicomisos ambientales; 2) Estudios de “preinversión” y; 3) Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental.

Un análisis del gasto público del campo en los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) de 2018 a 2022 evidencia únicamente descensos desde que AMLO gobierna. En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, el campo dispuso de 97 mil mdp y en 2019, el primero de AMLO, cayó a 79 mil; en 2020 quedó en 61 mil 900; en 2021 solo se asignaron 55 mil; en 2022 tuvo un ligero repunte hasta de 60 mil mdp; y este año ascendió a 90 mil, pero aún se halla por debajo de los 97 mil mdp respecto a 2018.

Cleofas Benavides, campesino de la región de los Altos de Chiapas, en agosto de 2022 reconoció que cuando los precios del maíz eran buenos, compraba entre mil 500 y mil 700 pesos en bultos de fertilizantes para garantizar buenas cosechas; pero que ahora le resulta incosteable cultivar su parcela.

“Esto trae, como consecuencia, que la gente ya no quiera cosechar y exista más demanda de la semilla. Así la gente prefiere emigrar a otras entidades para emplear su fuerza de trabajo en otra actividad, y abandona el campo, provocando el encarecimiento de productos a base de maíz como las tortillas que, dependiendo de la zona donde se encuentren y compren, oscilan entre los 22, 24, 25 y hasta 30 pesos el kilo”, denunciaba también entonces el líder social Franklin Campos Córdova.

Un decreto que aprieta al campo

Con el argumento de que resulta nocivo para la salud de los mexicanos y que el país ya no debe utilizar maíz transgénico y glifosato, el Presidente emitió y difundió un decreto que prohíbe la importación de ambos productos a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 14 de febrero; a pesar de que el glifosato se ha usado durante 20 años por los agricultores del país, que lo aprecian como altamente eficiente, de bajo costo y no lo consideran tóxico.

Este decreto ya había sido publicado el 31 de diciembre de 2020; pero su falta de precisión se prestó a la interpretación de que se prohibía el maíz transgénico de cualquier uso, lo que generó mucha confusión en Estados Unidos (EE. UU.), de donde proviene el 90 por ciento de maíz amarillo (transgénico). La diferencia del decreto de febrero pasado con el de 2020 radica en que éste únicamente prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano y permite el de consumo pecuario.

Sin embargo, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), advirtió que si no se importa el maíz amarillo para consumo humano, deberá adquirirse de otros sitios con mayor costo, lo que redundará en el incremento de los “precios de la harina y la tortilla, en un sector donde tenemos la mayor pobreza”.

El investigador en biología molecular y celular de plantas José Miguel Mulet, destacó que, en Europa, varios partidos políticos han intentado prohibir el uso de glifosato desde hace 10 años, pero no demostraron con argumentos científicos el supuesto daño que causa. Por el contrario, cada cuatro años se ha comprobado que  no hay razones científicas para prohibirlo.

“Lo que está detrás de este decreto es un tema ideológico en el sentido que se considera que el glifosato daña la salud. En algunos países está prohibido, en otros no; es un herbicida que ayuda al desarrollo de la planta principal”, sostuvo Carlos Anaya en la mesa de análisis Lo marginal en el Centro, organizada por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES).

También reveló que, para el gobierno actual, el sector agropecuario no representa un asunto importante; porque cada vez le disminuye el presupuesto, además de que los únicos que hay “son programas más asistenciales que productivos. Solamente son programas para votos (…) por eso, México cada día está perdiendo su tema de seguridad en granos y oleaginosas que, como señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando menos debería ser de 75 por ciento. En granos y oleaginosas, solamente estamos produciendo el 52 por ciento; y eso nos pone en una posición vulnerable. No deberíamos depender tanto del exterior, hay que invertirle en bienes públicos para que nuestro campo se vuelva más productivo en el tema de granos y oleaginosas”, abundó Anaya.

Vania Sánchez coincidió con este diagnóstico y agregó que México necesita una política eficaz para elevar la producción agrícola y no únicamente paliativos para ganar votos; ya que la seguridad alimentaria es una condición básica para la existencia de las naciones soberanas.

Sin inversión ni ciencia

En la misma mesa de análisis, Jorge López Hernández, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizó que si México aspira a la competitividad con maíz no transgénico, debe investigar para alcanzar la misma eficiencia, pero a la fecha “no hemos visto que haya impulso a la ciencia, a la biotecnología; entonces, eso va en contra de lo que el decreto está buscando”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) únicamente respondió a través de un mensaje, que se encontró la evidencia suficiente para apoyar ese decreto; pero no ha especificado dónde están los estudios técnicos que respalden la afirmación en torno al supuesto carácter dañino del glifosato y el maíz transgénico para los mexicanos.

López Hernández enfatizó que esta administración ha restado importancia al impulso de las investigaciones científicas mediante el recorte a los presupuestos de organismos como el Conacyt, cuya tarea consiste en dotar a los jóvenes mexicanos con los conocimientos para investigar e innovar.

El gobierno de AMLO prácticamente no está haciendo nada para lograr la soberanía alimentaria, objetivo para el que requerimos mayor inversión pública y alentar la producción de alimentos básicos mediante créditos seguros; crear infraestructura agrícola e hidráulica e investigar en laboratorios científicos y tecnológicos.

“Se necesita una revolución en el campo, que ayude a incrementar, en primer lugar, la productividad, la vía para incrementar la producción. Para lograrlo, se requiere investigación seria y grandes inversiones, y que se pueda transferir a los productores. Pero nada de esto se está haciendo; por el contrario, se ha reducido el presupuesto y, prácticamente, el gobierno de la “Cuarta Transformación” tiene una visión como si quisiéramos regresar al pasado: seguir produciendo bajo un esquema agroecológico, que no está mal; pero al nivel del mundo actual, de las necesidades de alimentos, es imposible que la producción agroecológica pueda producir los alimentos suficientes para la población del mundo y de México, en este caso”, sentenció López Hernández.