Opinión: Asilo político y plebiscito tras la crisis diplomática México-Ecuador

México otorgó asilo político al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018), un día después de que Quito declarara persona non grata a la embajadora mexicana en el país debido a declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la nación sudamericana. Ahora hay un movimiento que pide la renuncia del presidente Daniel Noboa, se declara en oposición dentro de la Asamblea Nacional y anunciaron la búsqueda de juicio político por la crisis internacional en la que involucró a Ecuador y las graves consecuencias para sus ciudadanos.

Contra Jorge Glas existe una persecución que viene desde Lenin Moreno, quien gobernó la República del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo de 2021.

Glas había sido declarado culpable por el sistema judicial de Ecuador, y había estado refugiado en la embajada de México en Quito desde que solicitó asilo político en diciembre pasado.

La época presidencial de Moreno había encarcelado a Jorge Glas, quien estuvo en prisión durante la gestión de Lasso, obtuvo su libertad, sin embargo, con el gobierno de Novoa se le volvieron a fincar cargos en su contra, llegando a pedir refugio en la embajada bajo la categoría del asilado político.

De acuerdo con el texto constitucional mexicano, el asilo político es “la protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial”, es decir, esta facultad la toma el Estado que da el asilo a quien lo solicita.

Glas fue vicepresidente durante el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa entre 2013 y 2017. Actualmente enfrenta investigaciones de corrupción, soborno y más en Ecuador, sin embargo, la vulneración del recinto es considerada una clara violación a la soberanía mexicana.

"El Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte", informó en su momento en un comunicado la Cancillería mexicana para justificar la decisión de darle asilo político al exfuncionario correísta.

Sin embargo, las relaciones diplomáticas tenían un deterioro previo por declaraciones del presidente mexicano que motivó al gobierno ecuatoriano a declarar persona non grata a la embajadora en Ecuador, Raquel Serur Smeke -quien presentó cartas credenciales en junio de 2019- y se le instruyó regresar "con el fin de resguardar su seguridad e integridad".

México recuerda que, según la mencionada convención, el "Estado asilante" es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra un solicitante de asilo político.

"El Estado asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto", dice la normativa.

La embajada de México en Ecuador quedó a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión.

Asimismo, el Gobierno de México rechazó el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la Embajada de México en Quito.

Ese cerco policial "según declaraciones de autoridades del Ecuador, es una medida de rechazo e inconformidad por declaraciones de autoridades mexicanas".

México considera que constituye un "claro hostigamiento" a su embajada y una "flagrante violación a la Convención de Viena" sobre relaciones diplomáticas.

"Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección de los inmuebles diplomáticos, basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones", indica el posicionamiento de la Cancillería.

México exigió a Ecuador respetar su soberanía, no lesionar el derecho de asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento.

El Gobierno mexicano responsabilizó a Ecuador de "cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país".

El presidente López Obrador dijo el viernes 5 de abril que no romperá relaciones con Ecuador ni declararía persona non grata al embajador de ese país sudamericano, luego de que su homólogo, Daniel Noboa, ordenara la expulsión de la embajadora del país norteamericano, esgrimiendo injerencia extranjera, pero cuando pasó al caso de Glas, la situación ya pasó a una crisis diplomática mundial.

Esta crisis estalla, además, cuando en Ecuador, el presidente Novoa busca ganar la consulta popular y referéndum de 10 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa y una pendiente del ex primer mandatario, Guillermo Lasso, donde la principal propuesta es aprobar la reforma que plantea la complementariedad de las Fuerzas Armadas en el trabajo que realiza la Policía Nacional, una iniciativa que fue sometida al proceso parlamentario y está por votarse a modo de referéndum.

Está en la mira si el cálculo político del presidente Noboa para fortalecer su liderazgo al interior de cara al plebiscito de su país es correcto, pero se avizora que saldrá más perjudicado que beneficiado. Es un golpe con el que buscaba ganar fuerza al interior, sin embargo, en el plano internacional, el ganador es el mandatario López Obrador, una vez que todo el mundo salió a solidarizarse con el país, aunque su política exterior siempre haya carecido de estrategia y visión geopolítica en muchos capítulos. Otro de los damnificados de las polarizadas posturas de ambos mandatarios es la relación entre los pueblos de ambos países, que enfrentan retos conjuntos como el de la desigualdad, crisis de seguridad, reto de los grupos del crimen organizado y una relación de subordinación ante el ocupante de la Casa Blanca.