Al menos 30 por ciento de los mexiquenses ha dado sobornos en trámites de gobierno

Más de una tercera parte de la población del Estado de México ha enfrentado prácticas de corrupción en trámites cotidianos, principalmente mediante el pago de sobornos, de acuerdo con un estudio presentado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción estatal, basado en una consulta pública aplicada en 87 municipios.

Los resultados indican que más del 30 por ciento de las personas encuestadas admitió haber pagado sobornos al menos una vez en años recientes; de ese total, 12 por ciento lo hizo en una ocasión, 9 por ciento entre dos y cinco veces y 5 por ciento en más de cinco ocasiones, lo que refleja la persistencia y normalización de estas prácticas en la administración pública.

El estudio señala que el soborno no suele ser una decisión voluntaria, ya que la principal causa es la extorsión por parte de servidores públicos, seguida de trámites largos o complejos y del temor a represalias. Solo 9 por ciento de quienes incurrieron en estos pagos lo hicieron por iniciativa propia, lo que evidencia fallas estructurales en los procesos administrativos y de control.

Entre los trámites con mayor percepción de corrupción se encuentran las multas de tránsito, los trámites vehiculares, los permisos para negocios, las licencias de construcción, los programas sociales, la atención en el Ministerio Público, los servicios municipales, la salud pública y los registros civiles, áreas caracterizadas por discrecionalidad, contacto directo y opacidad en requisitos y tiempos.

La consulta, integrada por 486 respuestas válidas y más de 16 mil datos analizados, también reveló limitaciones en el acceso y uso de la información pública: 77 por ciento de las personas nunca ha ejercido su derecho de acceso a la información, casi 60 por ciento reportó dificultades para encontrarla y 80 por ciento señaló no contar con habilidades para utilizar datos abiertos, aunque la mayoría manifestó interés en capacitarse.

El CPC advirtió que la corrupción en la entidad es un problema de gobernanza que requiere fortalecer la participación ciudadana, impulsar la digitalización de trámites, mejorar la transparencia con enfoque social y promover la educación anticorrupción, a fin de avanzar en la reconstrucción de la confianza pública y la rendición de cuentas.