Tribunal internacional culpa a la 4T por ecocidio con obras del Tren Maya
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que, con el Tren Maya, México viola los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio. En su veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, dicho tribunal internacional declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. El Tren Maya, que se prevé inaugurar en diciembre, ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción por las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, repleto de humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, y del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.
La obra contempla mil 554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador, declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las principales afectaciones reflejadas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación —hasta 10 millones de árboles talados—, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes. Respecto a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales.