PRI adjudica desapariciones forzadas y ejecuciones a Ulises Ruiz
Pese a todo, los líderes de la movilización enfatizaron que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender su permanencia en el partido.
Con mano dura, argumentando el uso de grupos de paramilitares para atentar contra civiles y militantes priistas, así como responsabilidad en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enriquecimiento inexplicable, la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrancó el proceso de expulsión contra Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador de Oaxaca.
Las acusaciones están basadas en el informe realizado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca en 2016 y en violaciones al artículo 148 del Código de Justicia Partidaria. En los casi seis meses de movilizaciones se registraron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 381 lesionados, 248 casos de tortura y la desaparición forzada de dos personas.
El proceso de expulsión de Ulises Ruiz y la militante Nayelly Gutiérrez se aceleró luego del plantón a fuera de las instalaciones del partido para solicitar la deserción del dirigente nacional priista, Alejandro Moreno, y el posterior enfrentamiento del 29 de junio entre adeptos al PRI y afines al exgobernador oaxaqueño, en el que un simpatizante priista resultó herido por arma de fuego.