México debe garantizar acceso a información sobre desaparecidos, pide la ONU

Las instituciones de seguridad e inteligencia del Estado mexicano deben garantizar el acceso a información que permita establecer lo ocurrido con las personas desaparecidas, dijo el pasado miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El organismo internacional "hace un llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, dar con la suerte o el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables".

La representación permanente del Acnudh reconoce que México ha logrado avances normativos e institucionales a través de diversas leyes, decretos y criterios judiciales normativos.

"Es necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las resistencias para colaborar con las instancias especializadas y dotadas de competencia para esclarecer los hechos, buscar a las personas desaparecidas, realizar las investigaciones y transparentar el quehacer gubernamental", dice el posicionamiento.

Según los registros oficiales validados por organismos internacionales, de las más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas en México desde que se tiene registro, en la década de 1970, el 95 por ciento corresponde a casos ocurridos a partir de 2006, en el marco de la violencia del crimen organizado y las acciones de las fuerzas de seguridad del gobierno.

Observan obstáculo por parte del Estado

El documento firmado por Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado en México, señala las "negativas y obstáculos" en materia de desaparecidos, que socavan los derechos de las víctimas.

Con esas acciones, autoridades de seguridad "trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado", prosigue el texto.El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades de un Estado deben disponer de las facultades y recursos suficientes para acceder a la documentación y demás informaciones pertinentes.

"Dichas conductas deben ser sometidas a ejercicios independientes de rendición de cuentas que permitan el oportuno deslinde de responsabilidades administrativas y penales", plantea Acnudh.
La información pertinente incluye los registros y archivos de los órganos militares, policiales, de inteligencia y otros órganos de seguridad nacional, según la norma internacional.

"Los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado", indica el representante Peña.

El organismo también exige al Estado mexicano preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, señaló en su informe de misión a México, emitido en agosto de 2020, que los registros permiten identificar y visibilizar claramente las distintas formas de desapariciones que ocurren en el país norteamericano.

Esa información de las agencias del Estado permite, además, "establecer estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención a víctimas y erradicación de este flagelo" y contribuir de forma esencial a la prevención de las desapariciones.

A mediados de abril de este año 2023, un tribunal federal dictaminó la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, pese a que la Fiscalía General impugnó la sentencia.

La orden judicial es para que ese banco de datos "se encuentre en operación a la brevedad, como herramienta que permita atender la crisis de más de 110.000 personas desaparecidas y más de 52.000 cuerpos sin identificar (en morgues y fosas comunes) que atraviesa el país".

La tercera parte de los desaparecidos corresponde a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018.

Los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) documentan más 31.500 casos de desaparición desde diciembre de 2018 a mayo de 2022.

La semana pasada renunció la titular de la CNB, Karla Quintana, tras más de cuatro años en el cargo, en el marco de un nuevo censo en marcha sobre el paradero de decenas de miles de personas desaparecidas, que busca disminuir el recuento oficial.

"Puede ser por el censo o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y que están participando mucha gente", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.