Mayoría de Morena en Senado avala que Sheinbaum firme convenios sobre el FMI

El Senado de México, con mayoría de Morena, aprobó este miércoles por unanimidad una reforma que autoriza al Ejecutivo, actualmente encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a firmar convenios constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción.
"Por unanimidad, con 101 votos a favor, se aprueba reformar el decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento", indica un comunicado de la Cámara Alta.
El dictamen corresponde al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto de la Constitución mexicana que autorizó al Ejecutivo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, a firmar en representación del Gobierno de México los convenios constitutivos sobre el FMI y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El BIRF es una institución del Banco Mundial que proporciona préstamos y asistencia técnica a los países para promover el desarrollo económico y reducir la pobreza; fue fundado en 1945 que cuenta con 188 países miembros.
El decreto senatorial autoriza al Gobierno a "suscribir, por conducto del Banco de México, acciones adicionales del BIRF, y autoriza al Ejecutivo federal a aceptar enmiendas al convenio".
El proyecto busca aprobar la suscripción con ese banco de 7 mil 601 acciones asignadas en el Parque de Capital 2018.
El objetivo del decreto es "que México cumpla con los diversos compromisos internacionales que mantiene".
México cuenta con una "línea de crédito flexible" de 35 mil millones de dólares, ratificada en 2023, que el país latinoamericano puede utilizar si enfrenta dificultades financieras, por riesgos externos y volatilidad económica.
La denominada "línea de crédito flexible" del FMI para México ha estado disponible desde 2009 -cuando tuvo un monto original de 47 mil millones de dólares-, después de la crisis financiera mundial que estalló en 2008 tras las quiebras de grandes corporaciones financieras estadounidenses.
Sin embargo, en 2017, las autoridades mexicanas que nunca han utilizado ese recurso disponible, comenzaron a aplicar un plan gradual para reducir su dependencia de este mecanismo, el cual se ha ido implementando.