Denuncia Lía Limón daño patrimonial de la ex alcaldesa en Álvaro Obregón Layda Sansores

Al menos siete denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Capitalina en contra de Layda Sansores-actual gobernadora de y servidores públicos de su gobierno en la Alcaldía Álvaro Obregón, derivadas de diversas irregularidades que implican un daño patrimonial por un monto global de casi 120 millones de pesos.

Entre las irregularidades que se configuran, denunció la edil de la Alianza, Lía Limón, se encuentran diversas irregularidades administrativas; y delitos por corrupción, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

Denunciamos a Layda Sansores por diversas irregularidades administrativas que implican un daño patrimonial de casi 120 millones de pesos. Este dinero se iba a destinar a programas sociales para los más necesitados durante la pandemia, pero nunca se entregó. pic.twitter.com/qaNPkJSPcF

— Lía Limón (@lialimon) February 7, 2023

Las denuncias por las que fueron interpuestas, se centran en 3 programas sociales con un daño por 70.8 millones de pesos; 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño patrimonial de 40 millones de pesos, y el convenio con una asociación civil representando un daño por 8.2 millones de pesos.

“Todo este dinero era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a los más necesitados de la alcaldía y lo desaparecieron. Por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello. Es nuestro deber denunciar estas irregularidades porque es lamentable que se haya hecho mal uso de recursos destinados a la gente más vulnerable y afectada por la pandemia” sostuvo la edil sobre la actuación de su antecesora, la ahora gobernadora Layda Sansores.

Anunció que estas mismas denuncias serán presentadas en la Secretaría de la Contraloría, para combatir la “rampante corrupción que dejó Layda en la alcaldía”, instancia donde, dijo, ya fue entregado 150 observaciones a actas de entrega-recepción, de las cuales no se ha recibido respuesta.

“Nuestra obligación es seguir combatiendo la corrupción, por eso presentamos estas nuevas denuncias”.

Programas fantasma y contratos simulados, entre las irregularidades

Uno de los programas que denuncia la actual administración es el denominado, Mercomuna, un programa creado en mayo de 2020, en plena pandemia, con el objetivo de apoyar la economía de familias vulnerables, así como de comercios locales, el cual contó con un presupuesto de 31.2 millones de pesos.

A las familias en vulnerabilidad se les debían entregar vales por montos entre $500 y $1,050 pesos y con ellos, podrían adquirir bienes básicos en comercios que se afiliaran al programa, sin embargo, al final, los comercios canjearían los vales en la alcaldía por dinero en efectivo.

 Entre los problemas detectados, se encuentra que no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, no se realizó el censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la Ley y que el padrón de comercios no existe.

Entre otras irregularidades encontradas, se encuentra beneficiarios que recibieron vales en dos o tres ocasiones, cuando las reglas señalaban que sólo podrían hacerlo una vez; también se detectaron personas fallecidas y personal de la alcaldía.

Sostuvo que tienen evidencia en el sentido de que servidores públicos de la propia administración de Layda Sansores recibieron dinero en efectivo a cambio de vales de este programa.

Al finalizar el programa, la alcaldía debió dejar evidencia de la entrega de los 31.2 millones de pesos a todos los beneficiarios y a los comercios, no obstante, esta evidencia no existe.

La entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por los 31.2 millones de pesos, que fueron cobrados por ella misma y por funcionarios de la alcaldía. Entre las irregularidades se suma un contrato de servicios firmado en 2020 con Walther David Patrón Bacab, con el objeto fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales, cuyo monto fue por casi 3.4 millones de pesos, sin embargo, hay evidencia con documentación oficial sobre el supuesto servicio brindado; es decir, no hay entregables según se especificó en el contrato, de ahí que se presuma fuera un contrato simulado.