Sigue el despilfarro de los recursos públicos

A pesar de que el general Gustavo Vallejo, responsable de la obra por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, le pidió al presidente López Obrador posponer la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) porque no podría estar terminado para la fecha programada de su inauguración, la ceremonia de la misma se llevó a cabo el 21 marzo. Han sido muchas las notas periodísticas, los comentarios en radio, televisión, caricaturas y hasta los memes que se refirieron a dicho evento. Por ello, creo innecesario referirme a los detalles insustanciales de la misma y centrar la atención en lo que, a mi modo de ver, debemos conocer y analizar.

En primer lugar, resalta el costo del AIFA. En octubre de 2019, fue el propio presidente López Obrador quien aseguró que su construcción tendría un costo de 75 mil millones de pesos, sin embargo, después de una revisión por parte de Hacienda, el costo se ajustó en 84 mil 956 millones de pesos en mayo de 2021. La revisión de Hacienda tampoco sirvió, pues ya para diciembre de ese mismo año, las autoridades federales llevaban gastados 104 mil 531 millones de pesos; además, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2022, se le asignaron 11 mil 450 millones de pesos. Sumando la cantidad ya ejercida más la asignación del PEF, tenemos la cantidad 115 mil 981 millones de pesos, es decir, 54.64 por ciento más respecto a la cifra original que aseguró el presidente de la república.

Pero eso no fue todo. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, también tuvo costos y gastos financieros. Y, también aquí, al inquilino del Palacio Nacional le fallaron los cálculos. De 180 mil millones de pesos que dijo costaría la cancelación, el chistecito ascendió a 331 mil 996.5 millones de pesos, según datos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación. Al final, el costo del nuevo aeropuerto ubicado en Zumpango, Estado de México fue de 447 mil 977 millones de pesos. Si esa enorme cantidad de recursos fuera a redituar en mejorar la vida de los mexicanos más necesitados, por ejemplo, compensar el daño ocasionado por varios recortes en el gasto público o por la cancelación de varios programas que antes los favorecían, evidentemente sería un dinero público bien invertido.

Pero eso está lejos de ser así, pues todo apunta a que no habrá de pasar mucho tiempo para que se compruebe que se trató de un despilfarro de recursos públicos en uno de los megaproyectos del presidente que difícilmente cumplirá su objetivo de servir para conformar el Sistema Aeroportuario Metropolitano, que busca distribuir y desconcentrar la demanda de vuelos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). Supuestamente, el AIFA tendría el propósito de formar una red que conectara vuelos tanto con el AICM, como con el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, pero resulta que por el momento únicamente ofrece 12 vuelos nacionales por día (seis de ida y seis de regreso), contra los 900 vuelos nacionales e internacionales por día que ofrece el AICM. Se podría decir que aún es muy pronto para calificarlo de fracaso, pero tomemos el ejemplo del de Toluca, al que hace 16 años se le invirtieron 800 millones de pesos con el mismo propósito que el “Felipe Ángeles”, y que teniendo capacidad para movilizar hasta ocho millones de pasajeros al año, únicamente movilizó 134 mil el año pasado. Está, pues, en caída libre; “se quedó en un programa sexenal coyuntural”, ha dicho en entrevista para El País, Rogelio Rodríguez Garduño, especialista aeronáutico de la UNAM. A ello, agreguemos el problema de la distancia que media entre el “Felipe Ángeles” y los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, que es de 45 kilómetros y de 119 kilómetros, respectivamente, que implica gasto de tiempo y de dinero para usuarios y trabajadores.   

¿En qué, pues, beneficia un nuevo aeropuerto a la inmensa mayoría de los mexicanos? Hablando solamente de las obras de infraestructura, es decir, del conjunto de obras públicas que se requieren en todo el país, en el PEF 2022 quedó asentado que el 60 por ciento de los egresos en este rubro se destinaría a las megaobras impulsadas por López Obrador; además, quienes se preocuparon por hacer algunos cálculos, indicaron que por cada peso gastado en este año únicamente 13.70 centavos serían para inversión, por lo que serían poquísimas las obras para poder cubrir la carencia, arreglo o extensión de redes de agua potable, drenaje, electrificación, pavimentos y banquetas, así como la construcción o el arreglo de caminos y carreteras, entre otras. Así es que gracias al despilfarro de recursos públicos en el AIFA y al que ya se ha venido dando a conocer en el tren maya y en la refinería de Dos Bocas, miles de familias de colonias, pueblos y comunidades seguirán padeciendo la falta de tales servicios así como el aislamiento en que se encuentran, quedando claro que la austeridad pregonada por el gobierno de la 4T, solamente aplica para quienes carecen hasta de lo más indispensable para hacer su vida más llevadera.

Veamos únicamente dos ejemplos de lo que cientos de familias de municipios ubicados en dos de los estados más golpeados por el crimen organizado vienen demandando. En el municipio de Tacámbaro, Michoacán, vecinos de pueblos y comunidades de cinco tenencias y de colonias de la cabecera municipal, han venido luchando por la pavimentación de cuatro calles en dos colonias, 100 metros de pavimento para el acceso a otra más, 110 metros de drenaje sanitario en una calle, seis postes de luz para ampliar la red de energía eléctrica en tres comunidades, la construcción de una presa para riego y 210 toneladas de fertilizante. Estas carencias y necesidades tienen un costo aproximado de 11 millones 460 mil pesos. En Valle de Santiago, Guanajuato, poco más de 500 familias que habitan en la colonia “Manuel Serrano Vallejo”, se vieron nuevamente en la necesidad de marchar por las principales calles del municipio exigiendo que inicie ya la construcción del sistema de agua potable, obra que el edil se comprometió arrancar desde hace varios meses y que ahora, en voz del secretario del ayuntamiento, dice desconocer. Esta obra tiene un costo de 20 millones de pesos. La suma de las demandas de estos dos municipios asciende a 31 millones 460 mil pesos que, en comparación con la cantidad erogada en el AIFA, es como arrancarle un pelo a un gato. Sin embargo, la respuesta, como en todo el país, sigue siendo la misma: “no hay dinero”. Y, sí, no hay dinero para el pueblo porque a él no lo tomó en cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ordenó redactar el PEF 2022, no quitarle ni una coma y que fuera aprobado a como diera lugar. Si es el pueblo el que con su trabajo crea toda la riqueza social, está en todo su derecho de exigir que una buena parte de ella lo beneficie para que tenga una vida más digna. Pero queda claro que, aunque sea su derecho, nadie se lo va a dar, para lograr hacerlo realidad no tiene otro remedio que hacer conciencia de su situación, organizarse y luchar.