México renovará Poder Judicial en 2025 con elección incierta

México renovará Poder Judicial en 2025 con elección incierta

La reforma constitucional al Poder Judicial en México abrirá las puertas en 2025 a la elección de todos los tribunales federales por voto popular, para construir una nueva procuración de justicia, objetada por jueces y magistrados, pero respaldada por el oficialismo en el Congreso y la Presidencia de Claudia Sheinbaum.

Numerosos juicios de amparo fueron abiertos por trabajadores del Poder Judicial que han generado suspensiones emitidas por jueces, para frenar la aplicación de los cambios a la carta magna que genera la abolición de la carrera judicial, y el despido masivo de más de mil 780 personas juzgadoras federales.

La elección abierta de todo el Poder Judicial federal, y de las instancias judiciales de los 32 estados de la federación mexicana y la capital -la mitad en 2025 y la otra en 2027-, fue impulsada con el argumento de acabar con la corrupción, el nepotismo y los privilegios de los jueces.

El dictamen promulgado establece que el procedimiento será "mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y por medio del sufragio universal, libre, secreto y directo".

El Senado seleccionó mediante una tómbola a 850 juzgadores que estarán sujetos a elección popular en la primera parte de la elección de jueces, en junio del año próximo, la mitad de los más de mil 700 jueces que serán destituidos y reemplazados mediante voto popular, y la otra mitad se elegirá en 2027.

La Junta de Jueces y Juezas Federales, gremio de juzgadores, condenó el sorteo y lo calificó de "humillante y sin sustento legal".

Comités de selección de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) evaluarán a las personas que estarán en la boleta electoral, con base en los perfiles de las personas que se inscribieron.

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Expertos señalan que, a partir del 1 de septiembre, con el abandono de sus funciones de la mitad de las personas juzgadoras, que tienen que dejar sus cargos en 2025, se abrirá un proceso incierto.

Y a partir del 15 de septiembre, ocurrirá la incorporación de las personas elegidas.

Aún se desconoce cuántas personas juzgadoras actuales van a registrarse en esos procesos electorales, pero no es un escenario favorable para el Poder Judicial.

El escenario puede presentar impredecibles retrasos procesales inherentes a la incorporación de las nuevas personas juzgadoras.

En los tribunales, los elegidos encontrarán expedientes de 30 a 60 tomos, con personas que no están en su ciudad y deben conocer casos con muchas "complejidades jurídicas inconmensurables".

Además, el cambio de esa magnitud del sistema judicial tendrá un alto costo para la libertad de las personas en todos los órganos jurisdiccionales, en juzgados donde en algunos casos hay 500 o mil juicios de amparo en marcha.

La elección de todo el poder judicial es inédita en el mundo, y es más amplia que la de Bolivia, donde se eligen por voto popular sólo los más altos tribunales: la Corte Suprema, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y su Tribunal Constitucional.

En cambio, México elegirá, además del máximo tribunal de justicia, la Corte Electoral federal, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, y sus tribunales colegiados en todos los distritos de las 32 entidades de la federación.

Por ejemplo, EEUU elige por voto popular únicamente a jueces locales en los estados de la unión, pero ningún togado de los tribunales federales se somete al voto popular, menos la Suprema Corte.

La relatora de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, señaló ante una audiencia de la CIDH en noviembre pasado, la importancia de "evitar la elección de personas juzgadoras por intereses o motivos ajenos a la capacidad, integridad e independencia para juzgar".

El 9 de diciembre, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Volker Türk, expresó en Ginebra su preocupación por la reforma constitucional.

"Sigo preocupado por la reforma judicial -lo he dejado muy claro-, porque tememos que algunas de las disposiciones que existen actualmente corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del poder judicial, pero también su capacidad para defender eficazmente el Estado de derecho", dijo Türk en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

El Alto Comisionado hizo su primer cuestionamiento el pasado 22 de noviembre sobre otros aspectos de las reformas constitucionales que se están discutiendo actualmente en México, que son aprobadas por el Congreso y promulgadas por el anterior jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre pasado, dos semanas antes de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"He pedido a los responsables de la toma de decisiones que aseguren la independencia del Poder Judicial y que garanticen que las personas candidatas que se presenten sean personas íntegras e idóneas, con la formación y las cualificaciones adecuadas", dijo Türk ante la prensa.

El comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, dijo en una audiencia en Washington que "la reforma es un ejemplo de constitucionalismo abusivo (...), donde un Gobierno que arrasa en las urnas en todos los cargos de elección popular, es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces".

EEUU señala que respeta la soberanía de México, pero entiende que la elección de jueces por voto popular no aborda el tema de la corrupción, dijo el martes el representante de Washington en el país latinoamericano, Ken Salazar.

"Nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del Gobierno de México", dijo en una nota diplomática publicada.