Más posicionamientos en contra de la desaparición de organismos autónomos en México
La propuesta de extinguir organismos autónomos, no sólo representa un retroceso alarmante en la protección de derechos fundamentales, sino que, además, es un grave atentado al equilibrio de poder en México.
Así lo consideraron expertos y diferentes voces de la sociedad civil tras la aprobación de este dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados y que surgió de un paquete de reformas propuestas en febrero de este año por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es de recordar que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y en lo general -con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones- el dictamen para la extinción de siete órganos autónomos, que se posicionaron contra la iniciativa y piden espacios de diálogo antes de que la nueva legislatura apruebe estas disposiciones.
A excepción del Coneval, algunos organismos defendieron su labor que ha otorgado beneficios y ahorros económicos al gobierno mexicano y los ciudadanos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señaló su eliminación como un retroceso para México y los derechos humanos en el país y se sumó al llamado por un diálogo.
⭕ Toda sociedad democrática necesita de organismos autónomos capaces de garantizar los derechos fundamentales de la población.
— INAI (@INAImexico) August 26, 2024
En México, tenemos al INAI para garantizarnos los derechos de Acceso a la Información y a la Protección de #DatosPersonales.#ElINAISirveAMéxico pic.twitter.com/bDXTNrMLhH
Se recordó que el dictamen debe ser discutido aún por la próxima legislatura en el Congreso, que comenzará sus trabajos a partir de septiembre; tomando en cuenta que la reforma que busca desaparecer siete órganos autónomos es parte de un paquete de reformas presentadas en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, entre otras, también pretenden que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular.