Entra en vigor acuerdo para reducir precio de la tortilla a nivel nacional

El gobierno federal llegó a un acuerdo con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros para estabilizar el precio de la tortilla a nivel nacional, dicho convenió entró en vigor el pasado jueves 12 de junio y el principal objetivo es que la tortilla ya no suba de precio.

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla pretende que en los próximos meses, en zonas donde la tortilla se vende a 20 pesos por kilo, se pueda reducir a 19.50 pesos.

Por lo pronto, con el abasto directo de maíz y harina a tortillerías y molinos, se espera una reducción gradual en el precio de la tortilla de 5 por ciento, en los próximos seis meses, tomando como referencia el precio promedio de cada entidad federativa correspondiente, estando sujeto a las condiciones del mercado, y con base en los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, el gobierno federal dijo que tiene la meta de una disminución paulatina del precio de la tortilla y lograr reducir el precio final en hasta un 10 por ciento antes de que termine el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Para dar seguimiento mensual a las acciones establecidas, se integrará un comité con representantes del Gobierno de México, el sector productor y la industria integrada por Grupo MINSA, Grupo GRUMA, Harimasa, la Cámara Regional de la Industria de la Tortilla para los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz; el Consejo Rector de la Tortilla; la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla A.C; el Comité Estatal Sistema Producto Maíz en Michoacán; la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa; productores de Guasave, Sinaloa; la Central Campesina Independiente Sinaloa, y el Comité Estatal Sistema Producto Maíz en Guanajuato.

Por su parte la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encargará de recopilar la información de los precios de venta de la tortilla ofrecidos o señalados en los lugares donde se distribuyan o expendan; verificar que los instrumentos de medición como las básculas utilizadas en su comercialización, se encuentren debidamente calibradas, y dar continuidad a las acciones de verificación y vigilancia conforme a lo dispuesto a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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