Denuncian ante ONU irregularidades en reforma judicial en México
La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) entregó un informe a la ONU en el que denuncian la legitimidad de la reforma judicial en México, al advertir que el gobierno recurrió a la coacción, persecución y amenaza a opositores para aprobarla.
En este mismo sentido, la Misión Internacional de Observación y Seguimiento al Proceso Legislativo de la Reforma Judicial de México de la COPPPAL, entregó su informe en Nueva York al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
Misión Internacional de la @copppal_oficial entrega informe sobre Reforma Judicial en México a ONU, UIP, Alto Comisionado y Medios.@pri_nacional @alitomorenoc @sofiacarvajali @caroviggiano pic.twitter.com/P0k8f5GPg8
— copppal-oficial (@copppal_oficial) October 11, 2024
La COPPPAL, conformada por dirigentes de partidos políticos de 10 países, destaca que si bien en México todos los sectores coinciden en la necesidad de realizar una profunda reforma al Poder Judicial, ''se requiere un amplio proceso de discusión, debate y construcción de consensos, algo que no ha existido en la recién aprobada Reforma Judicial''.
Se alerta que “el peligro de debilitamiento del sistema político mexicano es significativo” y destaca que la posibilidad de penetración masiva del narcotráfico, crimen organizado y de las redes de corrupción en el Poder Judicial “es altísima”, pues el proceso de elección mediante voto popular así lo posibilita.
Es de recordar que la Cámara de Senadores aprobó el jueves una iniciativa de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, para regular el proceso de elección de juzgadores, como parte de la polémica reforma judicial aprobada recientemente.
La propuesta, aprobada con 81 votos a favor de los 128 posibles, debe ser discutida ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialista Morena y sus aliados tienen amplia mayoría. Antes del 16 de octubre el Senado debe convocar a la elección extraordinaria que se celebrará a mediados de 2025 para elegir a los impartidores de justicia.