Ordenan al INE a suspender elección de jueces y magistrados como parte de la Reforma Judicial

Ordenan al INE a suspender elección de jueces y magistrados como parte de la Reforma Judicial

El juez Francisco Javier García Contreras, titular del juzgado segundo de distrito en Colima, emplazó al Instituto Nacional Electoral (INE) a acatar la suspensión que se ordenó desde hace diez días y detener los preparativos del proceso electoral de integrantes del Poder Judicial. Con esta notificación el consejo general del Instituto deberá abstenerse de realizar cualquier acto relativo a la implementación de la reforma judicial, o de lo contrario incurrirá en desacato. 

La suspensión fue solicitada en un amparo promovido por la Fundación Iris en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cual cuestiona la constitucionalidad de la reciente reforma que establece la elección popular de jueces. Es de señalar que dicha reforma -publicada el 15 de septiembre- obliga al INE a organizar las elecciones judiciales en 2025, lo que ha generado tensiones entre el instituto y el Poder Judicial.

Además, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito confirmó el 30 de septiembre una suspensión que impide al Senado emitir la convocatoria para las elecciones judiciales y prohíbe al Consejo de la Judicatura Federal transferir recursos a los nuevos órganos judiciales creados por la reforma.

La suspensión en este caso no sólo involucra al INE, también se ordenó al Senado emitir la convocatoria para la elección, misma que tiene un plazo de emisión de 30 días, a partir de la entrada en vigor de la Reforma Judicial, mientras al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se le ordenó no extinguir los Fideicomisos del Poder Judicial ni transferirlos a los nuevos órganos de administración y disciplina de ese mismo poder.

El viernes -en conferencia de prensa- la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el intento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de frenar la reforma como un “golpe aguado“. Sheinbaum defendió la reforma judicial promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que fue una decisión del pueblo.