En último informe, presidenta de la SCJN denuncia ataques de Morena a judicatura

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de México, Norma Piña, denunció el martes una campaña de ataques de parte del Ejecutivo y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en contra de la autonomía del Poder Judicial, al presentar su último informe anual de labores, en el que pese a ser invitada, no asistió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó, inclusive de manera violenta, cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional", dijo la titular del máximo tribunal.

????"Las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores; en cambio, cuando #LaCorte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban… pic.twitter.com/Tk3wsyFe6L

— Suprema Corte (@SCJN) December 10, 2024

Piña hizo su primera crítica abierta al Gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que promovió una reforma al Poder Judicial para destituir a más de 1.700 jueces y magistrados federales, incluidos los máximos tribunales, para ser elegidos por voto popular, promulgada dos semanas antes de terminar su mandato.

"Lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años, no debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes", dijo la magistrada en un discurso ante el pleno de la Suprema Corte.

El expresidente y su sucesora y correligionaria Claudia Sheinbaum denuncian "corrupción y nepotismo" en el Poder Judicial, y acusan a los jueces por otorgar amparos a ciudadanos y comunidades contra megaproyectos del Gobierno y la liberación de presuntos delincuente por deficiencias en los procedimientos policiales y judiciales.

La magistrada afirmó que los ataques en su contra se originaron cuando el pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional un decreto promovido por López Obrador para incorporar a la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública, como corporación de las Fuerzas Armadas, bajo mando de la Defensa Nacional.

Además, aseguró que el pleno del máximo tribunal invalidó un paquete de reformas electorales, llamado por el entonces presidente "Plan B", por considerar que contenía violaciones graves al proceso legislativo.

Denunció que el Gobierno y el oficialismo acusaron a los ministros que votaron con independencia en contra de esas reformas como "corruptos, rapaces y traidores a la patria"

A la ceremonia asistieron integrantes del gabinete Ejecutivo, ante quienes Piña expresó que la reforma constitucional al Poder Judicial surgió cuando la Suprema Corte dictaminó contra los proyectos del Gobierno y del partido político gobernante, que los presentaron como asuntos de interés nacional necesarios para la transformación del país.

"Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y a sus integrantes, y al legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional, se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, se nos llamó traidores al pueblo", prosiguió en el informe anual de labores.

Recordó que abiertamente los jueces fueron acusados "de no ser parte de un proyecto político dominante, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador".

También cuestionó que todas las reformas se han concentrado en transformar el Poder Judicial federal, sin tocar a las fiscalías ni las policías de investigación.

"¿Dónde están las propuestas para remediar los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías, así como la atención a los millones de víctimas de delitos en México y quienes, por otra parte, viven el horror del sistema penitenciario?" puntualizó.

Piña considera que la reforma del Poder Judicial se implementa sin un diagnóstico previo y coloca a México frente a un escenario desconocido a nivel mundial.

En junio de 2025 se realizará la elección por voto popular de la mitad de los jueces federales de todo el país, seleccionados por el Senado en forma aleatoria mediante una tómbola y la otra mitad en 2027.