Advierten riesgos por reformas a la Ley de Amnistía y Ley de Amparo en México

El senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que busca extender la facultad del Ejecutivo Federal para brindar amnistía, de manera directa, a quienes aporten elementos comprobables que resulten útiles para esclarecer los hechos y llegar a la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano.

El proyecto adiciona el artículo 9 de la Ley de Amnistía y contempla que este beneficio se aplique a las personas a las que se les haya ejercido acción penal, que estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.

Sin embargo -y en su momento- legisladores de oposición en la Cámara Alta alertaron que la intención de Morena, y sus aliados en las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, era la aprobación en fast track de un paquete de reformas, incluida la Ley de Amnistía que permitirá al ejecutivo federal perdonar a quien quiera por cualquier delito, sin ningún tipo de procedimientos, por encima del Poder Judicial.

Al respecto, desde el Partido de Acción Nacional, senadores se opone a esta reforma. Tal es el caso del senador panista Damián Zepeda quien aseguró que este cambio en la ley permitirá que el presidente de México perdone a cualquier persona por cualquier delito, incluido el de delincuencia organizada, violación, secuestro y robo de hidrocarburos, sin ningún juicio de por medio.

Actualmente, la Ley de Amnistía cuenta con excepciones respecto a su procedencia, dependiendo del tipo de delito por el que se encuentra procesada o sentenciada la persona susceptible a ser beneficiaria. Para ampliar los efectos del beneficio, se necesita extender en casos específicos los delitos por los que se puede otorgar, así como los supuestos.

Ayer por la tarde, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda aprobaron la iniciativa de Ricardo Monreal que modifica la Ley de Amparo con reforma y reglamenta los artículos 103 y 107 de la Constitución pretenden dar la facultad al Presidente -según la oposición en el Senado- debilitar la división de poderes, quitar a los ciudadanos un medio de defensa contra leyes inconstitucionales y darle cancha libre al Presidente para que no puedan frenarse obras o proyectos que afecten al medio ambiente a pesar del mandato de un juez.