En Puebla detectan desvíos en programas de Bienestar

En 2019, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, confirmó que era uno de los 10 funcionarios públicos investigados por el desvío de recursos públicos con fines electorales.

En el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno Federal en Puebla hay 33 mil 266 usuarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y solo el 58 por ciento de ellos cumple con los requisitos indispensables para recibirlo: que vivan en comunidades indígenas, en zonas marginadas o con altos índices de violencia. En realidad, los únicos que satisfacen estas condiciones son cinco mil 662 jóvenes indígenas que habitan en 95 comunidades consideradas de alta marginación y 13 mil 863 que viven donde se registran altos índices de violencia.

Y la lista sigue…

En el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en Puebla hay “datos” que no concuerdan con la “honestidad republicana”; en fecha reciente salió a la luz pública que se habrían pagado 204 millones 900 mil pesos (mdp) en pensiones destinadas a 14 mil 492 adultos mayores “fantasmas”, porque ninguno de éstos pudo confirmar su Clave Única de Registro de Población (CURP).

La fiscalización realizada por la ASF a la cuenta pública de la Secretaría de Bienestar de Puebla puso al descubierto las mayores irregularidades con respecto a la entrega del programa de apoyos a los adultos mayores; el resultado de las mismas es equivalente al 21 por ciento de todo el territorio nacional.

El mismo órgano contable explicó que esta falla, o posible acto de corrupción, deriva de la falta de un padrón de beneficiarios confiable –es decir, del conocimiento preciso de sus nombres, apellidos, domicilios y CURP– y de la entrega precisa de los apoyos a éstos. Además, la ASF encontró 58 casos de pagos duplicados, en los que se aplicaron pensiones adicionales por 247 mil 300 pesos sin saber quiénes cobraron de más o si se asignó ese dinero a otros beneficiarios.

En los municipios de Tepetzala y Acajete, de tres grupos de campesinos que trabajan bajo el programa de Sembrando Vida, dos denunciaron que un técnico de nombre Sergio Castillo Chico les pidió sus tarjetas para acudir al Banco del Bienestar de Nopalucan y retirar sus apoyos económicos, pero se quedó con los recursos. Hizo esto sin que la “facilitadora” de la región advirtiera nada al funcionario público; y solo hasta que denunciaron a éste, la delegación de la Secretaría de Bienestar cesó al funcionario.

A finales del año pasado, el Laboratorio de Políticas Públicas emitió su análisis Riesgos de Corrupción en los Programas Sociales. El casos de Sembrando Vida, en el que reveló que “dada la cobertura limitada de esta institución, en los territorios más aislados, los técnicos se hicieron cargo de la distribución de tarjetas en las distintas localidades, acompañados, en algunas ocasiones, por personal de la institución bancaria; eso es que no se evitó el contacto entre el beneficiario y un representante del programa en el marco del proceso de asignación de las transferencias”, lo que repercutió en los actos de corrupción, como los denunciados en Tepetzala y Acajete.

El año pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundió un análisis sobre los programas asistencialistas del Presidente, en los que afirmó categóricamente que no cumplían su objetivo y que, además, eran fuente de corrupción y opacidad. En Puebla, como en muchos otros estados de la República, está plenamente confirmada ese diagnóstico o evaluación.